El fiscal federal Federico Delgado pidió juicio oral para el ex ministro de Economía Domingo Cavallo. La acusación alude a un supuesto fraude a la administración pública, a raíz de una medida dictada en 2001, en beneficio de empresas pesqueras.

Para la Fiscalía, Cavallo dictó una resolución que impedía cobrar multas impositivas a empresas pesqueras. El perjuicio al Estado, según el diario Clarín, sería de "casi 50 millones de pesos".

La defensa del ex ministro de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, sin embargo, argumentó que con esa resolución se intentó evitar que se produjera un mal mayor para evitar posibles juicios contra el Estado que estaban iniciando las pesqueras afectadas.

Ante el pedido fiscal de juicio, fuentes allegadas a Cavallo insistieron ante la agencia de noticias DyN, que los responsables del área involucrada "fueron los que le acercaron" al entonces ministro de Economía "la resolución para que la firmara" supuestamente "a pedido de las empresas pesqueras".

Sin embargo, el fiscal Delgado consideró a Cavallo presuntamente responsable del delito de "defraudación a la administración pública", castigada con penas de hasta seis años de prisión, y pidió que el ex ministro sea juzgado.

La causa se inició cuando un grupo de empresas llevó a la Justicia el reclamo para el cobro de unos reembolsos y una camarista, en minoría, entendió que la resolución 619/2001 podía incluir alguna acción ilícita.

Fue así como se inició el expediente en la Justicia federal y, tras una serie de análisis de resoluciones del sector, el juez Ballestero dictó la falta de mérito.

Pero el fiscal apeló y hace poco más de un mes la Cámara Federal revocó la falta de mérito y procesó al ex ministro. Tras esa decisión, Delgado reclamó elevar el caso a juicio oral, al entender que Cavallo habría sido responsable del "diseño y la rúbrica de la resolución 619/01, con las facultades derivadas del cargo de ministro de Economía de la Nación, a través de la que instruyó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que desista de las acciones judiciales" iniciadas contra las pesqueras.

Según el fiscal, esa resolución ordenaba a la AFIP desistir del reclamo a las empresas de devolución al Estado de más de 48 millones de pesos (entonces igual a dólares) que las pesqueras habrían cobrado por reembolsos a las exportaciones de forma anómala.

El dictamen fiscal dice que hubo una "deliberada transferencia de recursos públicos a un grupo de empresas pesqueras que habían percibido ilegalmente sumas de dinero en conceptos de reintegro por exportaciones".

Mediante esa operación, insistió el fiscal, Cavallo "sustrajo fondos anómalamente a la comunidad".

La polémica resolución se dictó el 25 de octubre de 2001, y llevó la firma de Cavallo, por entonces al frente del Ministerio de Economía. Más de ochenta empresas fueron beneficiadas con la resolución.