El Consejo de la Magistratura tiene causas abiertas contra el 23 por ciento de los jueces nacionales, unos 203, por presuntos errores o hechos de corrupción, informó este lunes el diario La Nación. Son 244 expedientes en trámite, por acusaciones como dejar prescribir delitos, desobedecer a superiores, cobrar sobornos e incluso por beneficiar a ex-represores en casos de derechos humanos.

Hubo uno solo juez, Guillermo Tiscornia, sometido a juicio político por mal desempeño en 2007 y lo que va de 2008 y cinco castigados por faltas disciplinarias. Además hay cuatro expedientes de 2003 -incluido un pedido de juicio político contra el juez federal Claudio Bonadío-, otros cuatro de 2004, y 14 de 2005. La causa más vieja tiene ocho años y es contra un juez comercial que se jubiló antes de que se resolviera.

Entre los investigados por el Consejo, están el juez de la causa Skanska, los tres integrantes de la Cámara Nacional Electoral, casi todos los miembros de la Cámara de Casación, cuatro de los once jueces federales porteños y buena parte de la justicia federal de las provincias.

El problema es que se tramitan denuncias sin fundamento, según la presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina ,Cristina Camiña, quien advirtió a l matutino de la familia Mitre que "eso genera en los jueces una sensación de vulnerabilidad frente a un Consejo de la Magistratura que hoy es netamente político".

Es que el kirchnerismo es el bloque fuerte en el Consejo de la Magistratura desde que lo reformó hace dos años: para abrir un juicio político se necesita el acuerdo de nueve de los trece consejeros, cantidad inalcanzable si no se cuenta con el voto de al menos uno de los cinco oficialistas.

El desbalance de poder en el Consejo desvirtuó el sistema, según la diputada de la Coalición Cívica y ex consejera Marcela Rodríguez. "El cuerpo ha perdido su verdadera función, que es remover a quienes deben ser removidos. A los jueces corruptos les garantizan impunidad a cambio de favores políticos. Así, se pone a todos en la misma bolsa", denunció a La Nación.

Los 244 expedientes en trámite, según datos oficiales, son aún más si se considera la denuncia genérica de Julio Piumato, secretario del gremio judicial, que acusó a los jueces federales por su "inacción" ante los piquetes de ruralistas durante el paro agropecuario. El Consejo dio curso a la denuncia y pidió informes a cámaras de apelaciones de todo el país; por eso, la Asociación de Magistrados denunció la "presión" por la apertura indiscriminada de investigaciones.

"No es creíble que el juez sea una persona débil, jaqueada y presionada. ¿Qué presión puede tener alguien que es inamovible mientras dure su buen desempeño?", dijo al matutino la diputada y vicepresidenta del Consejo, Diana Conti, quien afirmó: "Las denuncias contra los jueces son todas hechas por ciudadanos, no por consejeros. Si hay más, será porque los jueces no prestan el servicio que la ciudadanía espera.