El gobierno de Rodríguez Zapatero busca alentar el regreso a sus países de origen de los extranjeros que se hayan quedado sin trabajo. España será inflexible en ese tema
El ministro de Trabajo e Inmigración de España, Celestino Corbacho, dijo que la política migratoria que quiere implementar el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no es la de perseguir a los inmigrantes, sin embargo, están decididos "a combatir la irregularidad", ya que el país tiene "dificultades" para seguir absorbiéndolos al ritmo que lo venían haciendo.
"Ya no tenemos ese crecimiento enorme de inmigrantes, pero tampoco estamos observando un gran retorno; incluso los flujos de América latina se están estabilizando. El reto ahora es que el inmigrante que ha perdido su empleo pueda reubicarse", dijo el ministro de Trabajo en un reportaje a La Nación.
"Las migraciones tienen que ser legales y regulares, porque sino, el que se perjudica es el inmigrante mismo", advirtió Corbacho.
Por ello, el plan español de retorno contempla pagar en sólo dos cuotas lo que el trabajador podría percibir mensualmente en concepto de seguro de desempleo durante un plazo máximo de dos años.
Es decir, se trataría de pagos por 15.000 euros, de cuyo total el 40% se abonaría antes de que el inmigrante abandonara el país, mientras que el 60% restante lo percibiría ya en su tierra de origen. Como contraparte, se le exigirá un compromiso para no retornar a España antes de que transcurran tres años desde su partida.
Un detalle: la opción no estaría abierta para los inmigrantes irregulares, sino sólo para los que "hayan generado derechos" mediante sus aportes a la seguridad social.
Tampoco contempla a los que, aún estando en regla y, como ocurre con la mayoría de los argentinos, tengan doble nacionalidad, puesto que se trata de un plan "sólo para extranjeros".
La Argentina ocupa el octavo lugar en el ranking de nacionalidades de inmigrantes que cobran seguro de desempleo en España, luego de Marruecos, Ecuador, Rumania, Colombia, Italia, Portugal y Perú. Se estima que los inscriptos podrían sumar 100.000. El porcentaje de argentinos en ese total sería mínimo.