El dictamen que acaba de presentar el kircherismo en el plenario de Agricultura y Presupuesto en Diputados avala sin cambios la resolución 125, pero establece un régimen de compensaciones para los ruralistas que lleguen a esa producción anual.

La oposición se divide entre un rechazo al proyecto del Ejecutivo y otros textos con menor respaldo. El bloque K quiere llevar la iniciativa al recinto este viernes.

Las entidades ruralistas rechazaron hoy el proyecto oficialista sobre retenciones móviles y advirtieron que es un "maquillaje que no resuelve el problema de fondo, no sirve".

Así lo indicó el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, minutos después que el oficialismo leyó el proyecto consensuado en el bloque, que deja intocables las retenciones móviles, aunque amplía el universo de productores beneficiados por
la devolución de fondos.

Con una demora de algo más de dos horas, signo de que las negociaciones se extendieron hasta último momento, el plenario de las comisiones de Agricultura y Presupuesto de Diputados retomaron esta tarde el debate del proyecto oficial sobre las retenciones móciles. El kirchnerismo presentó un dictamen en mayoría que propone no hacer cambios en la resolución que instauró el esquema, pero que crea compensaciones para pequeños productores, una concesión para sumar voluntades en el recinto.

El dictamen oficialista fue leído por la diputada Patricia Fadel, quien pidió el apoyo de la oposición para llevar la iniciativa al cuerpo. Además de ratificar el esquema de retenciones plasmado el 11 de marzo, genera un mecanismo de compensaciones más ágil (se reduce de 60 a 30 días del plazo para efectivizar devoluciones) y de rango más alto (el tope pasa de 500 a 750 toneladas) para los productores de soja y girasol.

Fadel sostuvo que el Congreso "no es una escribanía, porque se demostró que al proyecto lo hemos abierto y lo hemos trabajado". Instantes después, le retrucó el diputado de la Coalición Cívica Francisco Ferro que el dictamen de la mayoría para ratificar la resolución 125 "no resuelve el problema". El legislador también afirmó que "el oficialismo no quiere cambiar ni una coma de lo sustancial del proyecto".

Habrá que ver cuál es la recepción de los sectores díscolos del oficialismo y de la oposición al tope para las compensaciones. En los últimos días, un grupo de legisladores del PJ buscó sin éxito que ese límite se elevara a las mil toneladas, una cifra más "vendible" con el pensamiento puesto en la votación en la Cámara baja.

El objetivo del kirchnerismo es lograr el alineamiento oficial detrás del dictamen de mayoría y que, eventualmente, otros proyectos pasen al pleno de la Cámara baja con dictámenes de minoría. La intención es que la votación en el recinto se haga mañana , para lo cual desde ayer comenzaron a pedirles a los legisladores de las bancadas K que se queden en Buenos Aires y cambien para el sábado los pasajes a sus provincias para garantizar el quórum.

El encuentro que recomenzó esta tarde es el mismo en el que ayer el oficialismo dictó sorpresivamente un cuarto intermedio para ganar tiempo en la búsqueda por consensuar un texto que provoque menos resistencias.

Las dudas del oficialismo pasan por al menos una docena de legisladores propios, entre ellos el bonaerense Felipe Solá, que se había declarado en rebeldía , el ex lavagnista Jorge Sarghini y radicales K, así como los aristas disidentes que encabeza Eduardo Macaluse.

Mientras, la oposición no logró unificar un único proyecto para las retenciones, aunque hay consenso entre los bloques de PRO, la Coalición Cívica, la UCR y los monobloques. El grupo rechaza la resolución 125 que fijó las tasas móviles, pide su suspensión por entre 120 y 150 días y reclama para el Congreso la potestad para legislar los tributos a las exportaciones.

Al margen del plenario de las dos comisiones, esta tarde, el oficialismo logró el dictamen de la de Legislación General para un proyecto que modifica la ley de arrendamiento, uno de los "complementos" del texto sobre retenciones móviles. Entre otras cosas, el proyecto -que sería tratado en el recinto junto al de las tasas a las exportaciones- extiende de tres a cinco años el plazo mínimo de los contratos de siembra.