La Argentina volvió a convertirse en un país irónicamente absurdo.

La pérdida económica que ya provocaron los días de conflicto equivale casi exactamente a todo lo que el Gobierno tiene previsto gastar durante dos años para compensar a la agroindustria por la suba de los precios internacionales: unos 2350 millones de pesos.

El costo del paro también es equiparable a la recaudación impositiva del mes pasado en concepto de retenciones a las exportaciones, las mismas que detonaron la primera crisis político-económica que enfrentó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Cálculos privados preparados para LA NACION por una importante consultora económica reflejan que se perdieron cerca de 300 millones de pesos por cada uno de los días hábiles del paro del campo, que comenzó tras la suba de las retenciones, decidida intempestivamente por el Gobierno.

El monto surge de la suma de las pérdidas preliminares para la industria y el transporte. El primer sector dejó de percibir cerca de $ 80 millones diarios, es decir, unos $ 650 millones acumulados desde el estallido del conflicto; el segundo, $ 212 millones por día, que equivalen a casi $ 1700 millones.

Hay otros costos para el país, incluso algunos que todavía no se conocen, como las demandas judiciales que seguramente enfrentarán las empresas exportadoras por no poder entregar a tiempo su mercadería en el exterior. El director ejecutivo de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), Alberto Rodríguez, dijo anteayer a LA NACION que cada uno de los 75 buques que no pudieron cargar granos tienen un costo promedio de US$ 60.000 a 70.000 diarios. En total, desde el inicio del paro, debían embarcarse 2,2 millones de toneladas entre granos, aceites y harinas (soja y girasol).

Este parate también se reflejó en el mercado interno, donde hubo claras muestras de desabastecimiento de mercadería y consecuentes aumentos de los precios que, según las asociaciones de defensa de los consumidores, rondaron el 50%. La suba de precios es, justamente, el fenómeno que aparece solapado detrás de este choque entre el campo y el Gobierno, que en sólo dos semanas generó una aceleración en el consumo por el temor al desabastecimiento y al aumento de los precios que conlleva, y una ralentización en el proceso productivo.