El titular del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Roberto Domenech, reclamó hoy a los productores agropecuarios que le den al sector el mismo trato que a los lácteos y se los deje pasar por las rutas, porque de lo contrario corren el riesgo de perder buena parte de la producción y que se produzca desabastecimiento.

La industria avícola produce unos 2 millones de pollos por día hábil, pero esa actividad peligra porque en las rutas no se dejan pasar a los camiones con carga, mientras que tampoco a los que trasladan el alimento necesario para más de 400 mil pollitos bebé que hay en distintas plantas.

"La mayoría están condenados a ser sacrificados, en siete o diez semanas faltará el 25 por ciento de la producción", alertó Domenech en diálogo con la agencia NA.

El titular de CEPA dijo que el sector se mantuvo "expectante dentro de este conflicto, pero ahora estamos en un punto en el cual la características de nuestra producción no tienen más capacidad de resitencia, porque las cámaras frigoríficas están
llenas con las aves ya estaban listas desde el jueves psado y no se pudieron cargar".

"Necesitamos la materia prima y llevarle alimentos cada 48 horas a los pollos, y ya se consumieron las reservas que teníamos", sostuvo el empresario.

Domenech dijo que distintos transportes avícolas ya tuvieron problemas en Roque Pérez, en Venado Tuerto y en Rojas, entre otros lugares del interior del país.

"Nuestro sector es de mucha exposición, de mucho riesgo, y el panorama es muy complicado, por eso necesitamos que a la avicultura se la considere como a la leche", señaló.

En la Argentina se producen unos 2 millones de pollos por día hábil, y el sector es el mayor comprador de maíz del país, con unos 4 millones de toneladas anuales.

El 48 por ciento de la producción avícola se concentra en Entre Ríos, el 42 Buenos Aires, 5 en Córdoba y otro 5 en Santa Fe, todas provincias donde la protesta del campo es muy fuerte.

El sector avícola proyectaba producir este año unas 580 millones de cabezas, con un valor de 1.500 millones de dólares, pero el conflicto con el agro coloca estas cifras entre signos de interrogación.