Es una idea del polémico Guillermo Moreno avalada por la presidenta Cristina. Pedirán informes sobre los márgenes de ganancia para detectar abusos de precios
No conforme con el control de precios, que hasta ahora dio resultado casi nulo, ahora el gobierno va por más: se meterá en los márgenes de utilidad de las empresas.
En medio de la fuerte polémica desatada en el Indec, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, consideró razonable pedir a las empresas un informe sobre sus costos de producción, por cuanto permitirá establecer los márgenes de ganancia y si hay abusos en los precios.
"Los costos determinan el precio final de un producto o servicio. Por lo tanto, pedirle los costos me parece algo razonable en una Argentina que ha sufrido abusos durante los últimos años de empresas en desmedro del consumidor", dijo el funcionario en declaraciones a Radio Continental.
LA NACION reveló hoy que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, armó un equipo de 30 economistas y, utilizando la ley de lealtad comercial, aprobada durante la última dictadura militar, investigará los costos de producción de las empresas.
“Me parece difícil de entender cuál es el conflicto de pedirle a alguien que produce un bien, un servicio en la Argentina un análisis sobre sus costos. Me parece difícil de entenderlo porque me creo que también está entre los deberes que tiene el Estado garantizar que no haya excesos para aquel produce o brinda un servicio", dijo el funcionario.
"Nos va a permitir determinar el margen de ganancia y si se vuelca abusivamente al precio del producto, vamos a tener que pedirle que se adecue a la realidad", agregó Fernández.
No obstante, el jefe de Gabinete negó que el Gobierno permita que se realice "casi un allanamiento" para determinar los costos de producción de una empresa, porque "el sistema social argentino no permitiría un abuso de ninguna naturaleza en ese sentido".
Fernández dijo que en este país se habla mucho de cuáles son los márgenes que tienen los trabajadores para pedir un aumento salarial, pero "poco se habla de los márgenes de rentabilidad de las empresas".
"Está muy claro que las empresas, en un sistema como el nuestro tienen que ganar, sino no tendría razón su existencia. Lo que también está muy claro es que en el mundo moderno los márgenes de rentabilidad deben ser en todos los casos y en cualquier lugar del mundo, acotados”, señaló.
“Nosotros tenemos que trabajar para que no haya un ejercicio abusivo de la rentabilidad, por decirlo de algún modo. Debemos, para eso, conocer cuáles son los costos de los que producen. Nadie debe sentirse ofendido por esto. Distinto es hacer un ejercicio abusivo del Estado en busca de ese objetivo”, concluyó.
El primer repudio a la decisión de Moreno llegó desde la Coalición Cívica (CC). "Mientras Anibal Fernandez reprime cartoneros, Guillermo Moreno arma grupos de apriete con leyes de la dictadura militar", afirmó el movimiento que lidera Elisa Carrió, que pidió la derogación de la ley de la dictadura que usaría el funcionario.
"El poder kirchnerista, en vez de aceptar los reales índices de inflación que sufren los argentinos envían a Guillermo Moreno a espiar y entrometerse en las empresas argentinas", sostuvo en un comunicado la CC y agregó que "primero fue el revolver arriba de la mesa en la negocioción, después vino la destrucción del Indec y ahora el espionaje mediante el uso de una Ley de la dictadura militar".
La CC también adelantó que su bloque de diputados a través de un proyecto de ley impulsado por Patricia Bullrich y Adrián Pérez propondrá la derogación de la ley que piensa utilizar Moreno por considerarla una norma que expresa una ideología de control, represión y abre una nueva puerta de corrupción de los funcionarios.