El ex cabo primero de la Armada argentina Carlos Amadeo Marandino, vinculado a una ejecución de guerrilleros en 1972, corroboró que sí se perpetró la denominada Masacre de Trelew.

Marandino declaró durante más de cinco horas en la causa por la que se investiga la matanza y comprometió la situación de los ex capitanes Luis Emilio Sosa, Emilio Jorge Del Real y del prófugo Roberto Guillermo Bravo.

Antes de ingresar a la audiencia, el ex cabo, tal como lo había vaticinado su abogado (y tío) Roberto Aguiar desarticuló la teoría del "intento de fuga" que los oficiales retirados esgrimieron en las dos primeras declaraciones.

De acuerdo con Marandino, los 19 guerrilleros, alojados en ocho pequeños calabozos separados en dos bloques de cuatro a cada lado del estrecho pasillo en una base naval de la patagónica provincia de Chubut, "cantaron el himno" antes de morir.

Según lo expuesto por el entonces cabo primero, que contaba con 24 años cuando ocurrió la ejecución, él vio a sus superiores ingresar a la zona de calabozos cuando se retiraba, tras lo cual escuchó el himno cantado por los presos seguido de una ráfaga de ametralladoras.

A esa primera andanada de balas siguió un silencio y balazos intermitentes de pistola calibre 45, con la que se estaría rematando a los heridos que permanecían dispersos por las celdas y el pasillo.

Por esa declaración probablemente, entre las próximas medidas, figure un careo entre Marandino y Sosa, quien afirmó el pasado martes que él nada tuvo que ver con las ejecuciones.

En la matanza murieron militantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). La lista de víctimas fatales se completa con dos integrantes de la organización Montoneros.

Del tiroteo sobrevivieron Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Haidar, quienes relataron después que en el interior del calabozo ocurrió una cacería humana y ellos fueron baleados cuando intentaban protegerse.

Organismos humanitarios califican a la Masacre de acto de terrorismo de Estado, precursor de los crímenes que se perpetraron tras el golpe de Estado de 1976.