Tras la decisión adversa de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que rechazó el planteo argentino para que se suspendiera la construcción de las papeleras mientras sigue adelante el juicio contra Uruguay en el tribunal, el Gobierno de Néstor Kirchner intentó restarle dramatismo al fallo.

Destacó que los argumentos de los jueces dejan abierta la posibilidad de solicitar nuevas medidas cautelares y responsabiliza a Montevideo por los eventuales daños al medio ambiente que puedan causar las plantas.

"Lo importante es que esto es un No por el momento. La Corte dice que mantener la autorización y construcción de las fábricas es responsabilidad de Uruguay, y que esto no se puede tomar como un hecho consumado. Esta garantía es muy importante para nosotros porque incluso podemos llegar a ordenar el desmantelamiento de las obras", sostuvo la consejera legal de Cancillería, Susana Ruiz Cerruti, jefa de la delegación argentina ante el Tribunal Internacional, en declaraciones a radio Mitre.

Con esa idea, que se perfila como el principal argumento oficial para no ver del todo negativamente la votación de 14 a 1 en la CIJ en rechazo al pedido argentino, la funcionaria aseguró que el fallo deja garantías para el futuro, ya que en los fundamentos de los jueces se rechaza que la finalización de la construcción de las pasteras llegue a ser un acto consumado.