La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, rechazó hoy conceder a la Argentina una medida cautelar que obligue al Estado uruguayo a exigir a las pasteras Botnia (Finlandia) y ENCE (España) que suspendan las obras de las plantas de celulosa que contruyen en Fray Bentos.

"La Argentina no ha convencido a la corte de que las papeleras causarán un daño irreparable" al medio ambiente, señaló la presidenta de la corte, Rosalyn Higgins, al dar lectura a la decisión que se extendió durante poco más de una hora.

Votación. El pedido del Gobierno obtuvo sólo un voto favorable y 14 en contra. El tribunal aseguró que no está "convencida de que la de la Argentina sea la interpretación correcta".

"La Corte no considera que haya fundamentos para indicar la concesión de la medida cautelar requerida por Argentina en esta etapa de construcción" de las pasteras, dijo la presidenta de la Corte, la jueza británica Rosalyn Higgins, respecto de la resolución.

La jueza dejó en claro que la resolución es "para esta etapa de construcción de las plantas" y agregó que la decisión no afecta los derechos argentinos de "presentar otras solicitudes de medidas cautelares a futuro, en el caso de que hubieran nuevos hechos de controversia entre ambos países".

Por primera vez, la Corte Internacional de La Haya analizó un caso que llevó la Argentina en un conflicto con otro país, que es Uruguay, en la controversia que ambos mantienen por las fábricas de pasta celulósica en Fray Bentos.

Y la decisión fue desfavorable para los reclamos del presidente Néstor Kirchner, que a propósito de la polémica instauró como política de Estado los temas ambientales.

La resolución del máximo tribunal internacional se refiere a una medida cautelar interpuesta por el Gobierno para que se frenara la construcción de las plantas de Botnia y ENCE por un período de 90 días hasta que se realizaran estudios completos y exhaustivos sobre el impacto que las pasteras tendrán en el ambiente.

La Argentina llevó el planteo ante la Corte por lo que consideró un incumplimiento de un tratado internacional, más específicamente el Estatuto del Río Uruguay, que los dos países firmaron en 1975. Acusó a Uruguay de no informar ni consultarle sobre los proyectos de las pasteras. Pidió entonces que se frene de lleno la construcción como medida de precaución, hasta tanto el tribunal internacional defina la cuestión de fondo: esa decisión demorará cerca de cuatro años.

Uruguay, por su parte, negó siempre las acusaciones y afirmó que su país entregó toda la información pedida por la Argentina.