La ley que busca frenar la tala indiscriminada de bosques nativos dio un paso más en el Senado: finalmente ayer fue votada "en particular" y volverá a Diputados con decenas de reformas, entre ellas la que crea un fondo de casi 1.000 millones de pesos para "compensar" a las provincias por lo que dejarán de ganar cuando paren con los desmontes.

El núcleo central del proyecto ordena una "moratoria de desmontes" por la cual apenas salga la ley se deben frenar todas las actividades por el plazo máximo de un año, hasta tanto las provincias y la Nación hagan un "ordenamiento territorial" para determinar qué tipo de bosques se pueden talar y cuáles no, de acuerdo a las necesidades medioambientales.

En su tironeado paso por el Senado, la iniciativa del diputado porteño Miguel Bonasso conoció la cerrada resistencia de los representantes de las provincias del norte (Salta, Jujuy, Misiones, Chaco y otras), donde el área afectada por la tala indiscriminada creció exponencialmente: según datos de la Secretaría de Ambiente, se desmontaron más de un millón de hectáreas en los últimos años.

La tierra se usa para actividades más rentables, como plantaciones de soja y forraje para ganado. Precisamente, el aumento del precio internacional de la soja y el dólar alto impulsan los desmontes.

La desaparición de los bosques nativos tiene consecuencias en el cambio climático, atenta contra la biodiversidad y alienta las inundaciones, porque son los árboles los que retienen el agua de la lluvia.

En el Senado el debate fue un revelador tironeo entre las provincias empobrecidas del norte y las de la pampa húmeda, que quedaron acusadas de basar su actual desarrollo en actividades contaminantes -industrias, monocultivos- mientras le piden a las demás que se ocupen de conservar el ambiente.

El ordenamiento territorial que señala el proyecto dice que debe haber tres categorías de bosques nativos: rojo (de alto valor de conservación, que no deben tocarse), amarillo (de aprovechamiento limitado) y verde, que podrían talarse por completo.

El fondo compensador, de casi mil millones, se compondrá del 0,3 por ciento del presupuesto nacional y el 2 por ciento de las retenciones agropecuarias. El 70 por ciento será entregado a los propietarios privados de la tierras a cambio de que no talen los bosques, y el 30 por ciento restante irá para programas de conservación de los estados provinciales. La iniciativa deja en manos de las provincias la capacidad sancionatoria a través de multas.

El texto final del proyecto fue consensuado y aprobado con más de dos tercios, de modo que Diputados deberá conseguir igual número si quiere insistir con la redacción original.