3 de diciembre de 2024
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Dos hombres del ministro De Vido en la mira de la Justicia
Omar Melo y Roberto Baratta, colaboradores del ministro de Planificación, están sospechados de vínculos poco claros con un operador del suspendido juez Tiscornia
18 de noviembre de 2007
Armando Omar Melo, secretario privado del ministro, y Roberto Baratta, subsecretario de Coordinación y virtual viceministro de Planificación, mantuvieron desde sus teléfonos celulares varios contactos con uno de los principales sospechosos del caso. Un caso que está a punto de terminar con la carrera de un magistrado polémico.
Según informó el diario Perfil, este complejo entramado empezó a desatarse a comienzos del año pasado. La empresa Codere, dedicada a la actividad de juegos y apuestas, era investigada por Tiscornia por supuesto contrabando y evasión tributaria. Un grupo de personas se acerca a esta firma y, con sólidos conocimientos de la información del expediente, le propone el pago de 4 millones de dólares a cambio del sobreseimiento. Con una cámara oculta, Codere filma el pedido de coima y denuncia a los presuntos extorsionadores: Agustín Ernesto Tiscornia (padre del juez), Jorge Raúl Bark y Jazmín Desiree Aidar.
Bark tiene vínculos estrechos con el kirchnerismo. En 1993 abrió en El Calafate el primer casino que tuvo Santa Cruz, casualmente bajo la gobernación de Néstor Kirchner, con quien Bark se juntaba a charlar animadamente en la confitería del centro lúdico.
A aquella inauguración asistieron nombres importantes en la provincia y, desde hace cuatro años, a nivel nacional: De Vido, Carlos Zannini (actual secretario de Legal y Técnica) y Enrique Meyer (secretario de Turismo), entre otros.
A mediados de los 90 Bark también estuvo ligado a la apertura de otros dos casinos santacruceños, en Río Gallegos y en Caleta Olivia. Pero su buena suerte empezó a cambiar, los casinos cerraron y sólo reabrieron cuando detrás de ellos apareció un por entonces ignoto empresario llamado Cristóbal López.
Públicamente poco se supo de Bark, declarado “deudor irrecuperable” por el BCRA, hasta que su imagen apareció en una cámara oculta, gestionando un “arreglo” ante representantes de Codere. La causa está en manos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que ya recibió el pedido de los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers para que cite a declaración indagatoria (es decir, como imputados) a Bark, Aidar y Tiscornia padre. Es por este expediente que, a partir de mañana lunes 19, el Consejo de la Magistratura iniciará el proceso para destituir como juez a Tiscornia hijo, quien está suspendido y presentó la renuncia para evitar el escarnio, aunque el Gobierno todavía no la aceptó.
Lo que el Gobierno y el Consejo de la Magistratura –dominado por el kirchnerismo tras la última reforma– no supieron, no pudieron o no quisieron ver del caso Tiscornia, hasta ahora, es la conexión con dos influyentes funcionarios del ministro más influyente del Gabinete, sobre cuya controvertida figura explotaron las mayores tempestades respecto a su continuidad en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, la que quedó ratificada a partir de los anuncios del nuevo gabinete del miércoles 14.
Según la causa judicial en poder de Canicoba Corral, está demostrado que mientras Jorge “el Gordo” Bark hacía estas viscosas gestiones, en las que además se promocionaban los supuestos contactos con el Ministerio de Planificación, también se comunicaba con los celulares del secretario privado Melo y del viceministro Baratta.
Es más: Perfil pudo saber que la Justicia ya les tomó a Melo y Baratta declaración testimonial. Los dos reconocieron conocer a Bark y que existieron las comunicaciones telefónicas a sus teléfonos móviles.
Ahora deberán explicar de qué hablaron.