La titular del INADI, María José Lubertino, redactó un proyecto para que el 40% de los cargos gerenciales esté ocupado por mujeres.

La funcionaria aseguró que el proyecto establece que en un plazo de ocho, las empresas privadas como públicas y también los entes estatales deberían hacer que, al menos, el 40% de sus cargos directivos o administrativos estén ocupados por mujeres, un sistema que copia el denominado "cupo femenino" que rige para el ámbito político.

María José Lubertino aclaró que el objetivo de la medida es "pasar a un concepto de paridad, de equilibrio y no en detrimento de los hombres", y destacó que esa medida incluirá a las compañías argentinas y las extranjeras que operan en el país. La iniciativa fue elevada al Ministerio de Justicia y, a partir del 10 de diciembre, también será propuesta a diputadas y senadoras

La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia aclaró que el proyecto fue girado para que sea "una iniciativa del Poder Ejecutivo" que llegue al Congreso Nacional y confirmó que en las últimas horas recibió un sorpresivo aval de la presidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner.

La Secretaría General de la Presidencia, que encabeza Oscar Parrilli, le informó que el proyecto cuenta "con la adhesión de la presidente electa".

El proyecto, que lleva el nombre de Ley para la no discriminación y efectiva igualdad de derechos entre mujeres y varones en el ámbito de decisión de las empresas, se realizó con la colaboración de representantes femeninas de varias instituciones como el Consejo Nacional de la Mujer, la Federación Agraria Argentina y la Organización Argentina de Mujeres Empresarias.

Una vez que el proyecto se apruebe, las empresas tendrán ocho años para cumplir con el cupo fijado, de no hacerlo, la Inspección General de Justicia, será la encargada de imponer sanciones, aunque todavía no se sabe cuáles serán los costos.

En el mundo, hasta ahora, sólo dos países implementaron políticas similares, una es Noruega, donde se aplica sólo para la dirección de empresas públicas, y la otra es España, país que aprobó la Ley orgánica para igualdad efectiva de hombres y mujeres.