La diputada nacional por la Coalición Cívica Patricia Bullrich cuestionó el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual del Gobierno y denunció que con esa iniciativa el kirchnerismo busca actuar como "fiscalizador de la libertad de expresión".

Además, sostuvo que las modificaciones introducidas por la presidenta Cristina Kirchner "no son suficientes para garantizar la libertad comunicativa".

Bullrich advirtió que los cambios que envió el Poder Ejecutivo al eliminar la posibilidad de que las empresas telefónicas ingresen al mercado de cable no significan una cuestión relevante: "La Coalición Cíivica nunca estuvo en contra de la entrada de telefónicas al negocio de las comunicaciones", explicó.

"Hay que preguntarse cómo se va a brindar el servicio de banda ancha, que es el futuro para la circulación de nuevas tecnologías", indicó Bullrich, y explicó que la objeción mayor de su espacio estaba vinculada con una situación de "discriminación porque permitía el acceso de Telecom, en manos argentinas, y no de Telefónica, en manos españolas".

La legisladora planteó que, para el espacio que lidera Elisa Carrió, las telefónicas deben "entrar de a poco para no desestructurar todo el mercado".

Además, lamentó que se esté "dando vuelta el concepto que debe tener una norma sobre comunicación audiovisual, porque el Estado no puede ser el fiscalizador de la libertad de expresión, sino que debe administrar en forma democráctica los bienes escasos".

"Estamos estructuralemnte en contra, no tiene sentido que quien tiene una televisora abierta no tenga por cable, porque la TV abierta usa el espectro raidoeléctrico y en el otro caso hay una inversión de un privado para distribuir contenidos", explicó.

En una entrevista con Asteriscos TV, por Canal Metro, Bullrich cuestionó que haya "una serie de mecanismos para impedir la libertad de contenidos," y se preguntó "cuántas ONG se encuentran en condiciones de adminstrar un canal", ya que el proyecto establece que trendrán una participación del 33 por ciento de las frecuencias disponibles.

En cambio, propuso reglamentar que ningún medio tenga "más del 35 por ciento de publicidad oficial, porque la pauta se utiliza como un mecanismo de extorsión y de sometimiento".

En ese punto, objetó que la norma del oficialismo no incluya la redacción de "cuáles son los mecanismos de distribución de la pauta oficial, lo cual muestra que se quiere manejar en forma discrecional", y advirtió que sin control sobre ese punto y sin acceso a la información se está generando "un sistema de medios débiles".