23 de noviembre de 2024
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Juan Carlos Villalonga, de Greenpeace
Advierten sobre una “avanzada” de papeleras en Sudamérica
“Si las pautas no las deciden los gobiernos, las deciden las empresas, de facto”, advirtió el representante de la organización ecologista
4 de abril de 2006
Villalonga sostuvo que el conflicto con Uruguay por la instalación de dos plantas en la ciudad uruguaya de Fray Bentos es “el emergente de un problema regional, que es la llegada de inversiones para generar industrias de celulosa a gran escala en Argentina y Uruguay, principalmente por parte de capitales europeos”.
Consideró que, ante ese escenario, se debe plantear “una negociación coyuntural” por el caso de las plantas uruguayas, pero atender además el cuadro general de instalaciones de fábricas de ese tipo, en el que existe “una andanada de expansión en la producción de celulosa que comenzó en Brasil y Chile, y ahora avanza en los países fronterizos”.
“La industria del papel tiene altos impactos. Necesitamos convivir con ella porque se ha hecho imprescindible, pero hay que forzar a la industria hacia un sendero de sustentabilidad frente a lo mucho que se ha avanzado en el proceso de blanqueo en los últimos 15 años, que todavía no es suficiente”, señaló el representante de Greenpeace al programa Asteriscos, por Canal P+E.
Villalonga puntualizó que las industrias que se instalan en Uruguay –Botnia y Ence- “intentan demostrar que lo que ofrecen es lo mejor que hay, pero no es así. Existen mejoras tecnológicas que se pueden seguir implementando”.
Explicó que se debe avanzar “en lo que se llama `producción limpia y cero descarga` de estas plantas, y eso se logra, entre otras cosas, en el cambio en el sistema de blanqueo”.
Explicó que, “cuando se eliminan totalmente los compuestos de cloro en el blanqueo, se torna más fácil técnicamente reducir el resto de los efluentes en la planta” e hizo notar la necesidad de atender una etapa previa “que es la obtención de materia prima, previo al proceso fabril”.
“Las plantaciones también requieren metodologías. Por las plantaciones de pino se han sustituido bosques nativos y esas cosas no pueden pasar. Las plantaciones no son una actividad inocua sino que también necesitan pautas de sustentabilidad”, apuntó.
En el conflicto entre la Argentina y Uruguay, Villalonga estimó que existe “un problema ambiental y de desarrollo, en el que se mezcló también el hecho de que se tomara el tema como una causa nacional” en el vecino país.
“Algunas discusiones que podrían ser técnicas, se convierten entonces en discusiones sobre soberanía nacional”, analizó, y colocó la mirada sobre la Argentina porque “genera muchas dudas el interés ambiental que tiene cuando no se lo ve preocupado por el resto del sector que funciona en el país”.
El representante de Greenpeace consideró que “en una mesa de discusión, es posible encontrar fórmulas para que la Argentina y Uruguay tengan una mejoría en todo el sector. Pero para que la demanda a las dos plantas de Fray Bentos no sea una excentricidad, la Argentina no puede cargar las tintas sobre ellas y no hacerlo sobre las demás que funcionan también en el país. Eso debilita la posición argentina”.
Villalonga reclamó que los dos gobiernos acuerden “criterios sobre tecnología porque si no lo deciden los Estados, lo deciden las empresas, de facto”.