Iniciaron demandas por 25.000 millones de dólares contra entidades que operan en el país. Denuncian que les vendieron bonos cuando ya sabían que se venía el default
La
Asociación Civil Damnificados Financieros acusó de cometer el delito de “mala praxis” a los bancos que entre el 2000 y el 2001 promovieron la colocación de bonos públicos entre sus ahorristas particulares en la Argentina, al fundamentar el inicio de una demanda judicial de “acción de clase” contra las entidades financieras por 25.000 millones de dólares.
Así lo señaló
Osvaldo Prato, del estudio jurídico Luchinsky, Prato, Rossjanski & Asociados, que representa legalmente a la Asociación, quien aclaró que por la característica de ser “acción de clase”, el fallo podrá ser aplicable también a los bonistas que no estuvieron inicialmente comprendidos en el juicio, pero resultaron damnificados.
“La ONG tiene alrededor de 9 mil adherentes, pero la sentencia que se dicte puede hacerse extensiva a otros bonistas aunque no hayan participado del juicio y aunque hayan aceptado el canje de deuda”, explicó el letrado.
Prato destacó que la causa es “contra los bancos, no contra el Estado”, y apunta a las entidades privadas que entre 2000 y 2001 “colocaron más de 20 mil millones de dólares cuando el riesgo país ya era elevado”.
“Decimos que los bancos tuvieron mala praxis porque deberían haber sabido lo que se venía, ya que el indicador de riesgo país tiene indicios de alerta temprana para desaconsejar la colocación de bonos. Los analistas financieros deberían haberlo ponderado”, señaló.
El letrado explicó que la acción alcanza también a los bonistas que ingresaron al canje propuesto por el gobierno de Néstor Kirchner ya que tienen la posibilidad de que, cuando se llegue a la sentencia, “se deduzca el valor de los bonos nuevos por la diferencia que perdieron”.
“Los bonistas privados que no fueron informados del riego país cuando adquirían los bonos están en condiciones de pedir la diferencia de lo que perdieron”, explicó el abogado en una entrevista con
Asteriscos, por Canal P+E.Puntualizó que la causa se encuentra en una etapa de “diligencia preliminar” y se trata de un conjunto de 113 demandas distribuidas en 10 juzgados contra 11 bancos o entidades financieras, y estimó que la sentencia podría demorar “por lo menos, 5 años”.
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