Según el diario A Bola, los períodos de penas aplicados por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa van de uno a 9 años y cuatro meses.

El único árbitro de la Primera División afectado por esta decisión es Rui Silva, que fue suspendido durante 20 meses por falsificación de actas.

De los restantes, las penas más duras fueron para ocho colegiados, que no podrán arbitrar en un periodo que va de los cuatro a los nueve años por actos de corrupción.

El caso "Silbato dorado", que incluye investigaciones por supuestos casos de corrupción y tráfico de influencias en el fútbol profesional portugués, saltó en marzo de 2004 cuando la Policía Judicial recibió una carta anónima en la que se señalaba que los dirigentes del equipo de Gondomar, de la Segunda División B, intentaban conseguir el ascenso de categoría a través de sobornos.

La FPF tuvo que archivar los procesos sobre 27 partidos por "falta de material suficiente para procedimientos disciplinarios", entre los que se incluyen una Final de la Supercopa de Portugal de 2003 entre el Oporto-Uniao de Leiria, un Sporting de Braga-Boavista y Nacional-Benfica, pertenecientes a la Liga 2003-2004.

El club Porto, cuyo presidente Jorge Pinto da Costa fue suspendido en mayo pasado por dos años, es el eje del escándalo y recibió una sanción de la Unión Europea de Fútbol (UEFA), que lo dejó fuera de la próxima Liga de Campeones.

En la Liga Portuguesa, Porto fue penalizado con la quita de seis puntos y 150 mil euros de multa al ser encontrado culpable de hechos de corrupción.

El pasado 28 de febrero, el ex presidente de la Liga Profesional del Fútbol Portugués (LPFP), Valentim Loureiro, ex alcalde de Gondomar y su hijo Joao, ex presidente del club Boavista, fueron acusados oficialmente de "corrupción activa".