Las etapas electorales siempre suelen provocar ruido en la economía, pero tanto desde el Gobierno como desde sectores empresarios y sindicales quieren trabajar para evitar que ese fenómeno se repita.

La campaña electoral porteña, que gana en intensidad a medida que se acerca el ballotage, pareció no impactar sobre los fundamentos de una economía que sigue manteniendo sus bríos, pero hay dudas sobre qué puede ocurrir cuando arrecien las presidenciales.

Por eso, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde los sectores que mueven la palanca de la producción y el trabajo coinciden en que no debe haber distracciones y avanzar en cuestiones clave que están pendientes.

En la semana, la ministra Felisa Miceli machacó sobre un tema que obsesiona al Gobierno y desvela a la industria: la necesidad de un mayor financiamiento para sostener el crecimiento económico.

La funcionaria dio aire a una cuestión que fue eje en el encuentro de hace un par de semanas entre la cúpula de la UIA y el presidente Néstor Kirchner: ¿cómo lograr créditos de largo aliento a un costo razonable?

La industria trabaja casi al filo de su capacidad y ya avisó que demandará más inversiones para seguir creciendo.

Una encuesta entre industriales bonaerenses, que representan la mitad del poderío fabril del país, pinta el panorama: 6 de cada 10 empresas cree que la demanda aumentará en el segundo semestre y más de la mitad planea tomar personal.

Pero como consecuencia de ese crecimiento necesitarán incrementar la utilización de capacidad instalada y requerirán mayores inversiones. Es decir, necesitarán más financiamiento.

Ahora bien, qué están haciendo los distintos actores de este entramado para satisfacer semejante desafío.

En el Gobierno sostienen que llegó la hora de dar un salto cualitativo, porque hasta ahora se trabajó más en medidas de corto plazo destinadas a apagar el incendio de la crisis.

Y las metas fijadas aparecen ambiciosas, y se resumen en más financiamiento en moneda local, en lo posible a tasa fija y a un plazo que parta de los seis años.

Es decir, algo que se ve poco por ahora en un sistema financiero muy volcado a los créditos al consumo.

Pero en el Gobierno no dan muchas pistas sobre cuál puede ser el camino elegido, y apenas se sabe que el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) podría ser una de las piezas clave de ese entramado que busca fondos frescos para satisfacer el apetito de una industria en crecimiento.

Más activos se muestran en el sector privado, donde un grupo de empresarios y banqueros vienen diseñando un programa de financiamiento para la producción que podría ver la luz tras el ballotage porteño.

En esa iniciativa trabajan codo a codo hombres clave de la UIA, como el ex ministro de la Producción José Ignacio de Mendiguren, y el dueño del Banco Macro y jefe de los financistas locales, Jorge Brito.

La idea es presentarle la iniciativa a Kirchner antes de que la campaña presidencial ingrese en una etapa que torne inviable cualquier tratamiento a fondo de semejante proyecto.

Uno de los ejes de la iniciativa, que sigue en elaboración, está vinculado con definir la denominada "moneda de largo plazo", es decir, cuáles serían las condiciones para que un banco se anime a prestarle a un proyecto fabril a tasa baja.

Por ahora se llegó a la conclusión de que sería casi imposible prestar en pesos a tasa baja y a largo plazo, con un nivel de depósitos a plazo fijo que, en promedio, no supera los 180 días de plazo.

El tema es cómo suplir esa dificultad, y por eso se empezaron a bucear distintas posibilidades y cómo el Estado puede jugar un rol de apoyo financiero, a partir de la liquidez que otorga el superávit fiscal.

Hay casi 30.000 millones de pesos de organismos públicos, como la ANSeS, depositados en el Banco Nación, y una posibilidad es que esos fondos puedan ser coordinados por una institución oficial (¿el BICE tal vez?) para canalizarlos al financiamiento.

Desde la banca privada se mostrarían más partidarios de armar un esquema en el cual la previsibilidad pase por la variable inflación, algo que no es bien visto por la industria.

Pero aquí surge otro interrogante vinculado con el Indec, un organismo puesto en tela de juicio porque sus mediciones difieren cada vez más de las proyecciones que realizan algunos economistas.

Como ejemplo lo ocurrido con la inflación de mayo, que para el Indec fue del 0,4 por ciento, cuando muchos economistas esperaban el doble.

Existe coincidencia en que si la estadística oficial no recupera credibilidad complicará aún más la construcción de cualquier escenario de mediano y largo plazo.

"La inflación de mayo fue altísima", exageró Miceli, tal vez para hacer ver que en el gobierno no se manipulan las cifras, y enseguida estimó que el año cerrará con una suba de alrededor del 10 por ciento.

Lo concreto es que el tema de los precios, que impacta a diario sobre el bolsillo de millones de argentinos a la hora de efectuar sus compras, será uno de los ejes de la campaña presidencial.

Y en el fragor de ese debate participará alguien que conoce a fondo el tema, como el ex ministro Roberto Lavagna, quien ya viene advirtiendo que la inflación de este año se proyecta por encima del 15 por ciento, casi el doble de lo que reconoce el Gobierno.

Habrá que ver entonces si la fortaleza económica es capaz de sortear los desafíos que le impondrá el fragor de la batalla electoral.