Con la soja en la zona de u$s 450 la tonelada y la vacuna contra el Covid- 19 cada vez más cerca, a la Argentina se le abre una nueva oportunidad de crecimiento económico, tras una década de recesión.

Alcanzada la calma cambiaria en este fin de año -a un alto costo de endeudamiento-, los desafíos que vienen giran en torno de la reactivación de una economía golpeada muy duro por una recesión crónica y el mazazo de la pandemia.

También del acuerdo con el FMI para refinanciar deuda por poco más de u$s 44.000 millones y las dudas sobre qué hacer con las tarifas de servicios públicos, que explican una porción importante del déficit fiscal, en un año electoral.

El ruido político en la coalición gobernante -cada vez más palpable cuando alza la voz la vicepresidenta Cristina Kirchner- puede complicar las perspectivas favorables para el país.

Es que entre quienes toman decisiones de inversión existe cada vez mayor confusión sobre cuál es el rumbo que pretende adoptar el presidente Alberto Fernández.

Y también dudas sobre cómo se definen las tomas de decisiones en un binomio en el que la segunda (Cristina) parece tener poder de veto sobre el primero (Alberto).

La muy buena relación entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la jefa del FMI, Kristalina Georgieva, sugeriría que el país tiene altas chances de sellar un nuevo acuerdo, que permita refinanciar el mega préstamo acordado por el organismo con Mauricio Macri, lo cual resultó una experiencia fallida y muy costosa para el país.

Pero sería un error creer que el Fondo Monetario no exigirá más garantías esta vez de que la Argentina devolverá la plata.

Para eso se necesitará acordar un programa fiscal que brinde más certidumbre que el Presupuesto aprobado por el Congreso, en el que Guzmán prevé que le tomará al menos tres años a la Argentina recuperar la caída económica cercana al 12% que sufrirá en este 2021.

Una de las principales contradicciones del país es que mientras admite necesitar inversiones millonarias, su principal referente político, la vicepresidenta, tiende a espantarlas con sus declaraciones.

Esa desconfianza queda clara en el mundo del dinero: la Argentina sigue teniendo que pagar tasas altísimas en dólares para financiarse, como se observó en la última colocación de bonos por u$s 750 millones, que vencen en 2030 y 2035.

Más allá de si la operación representa un costo del 16% en dólares, como afirman los consultores de mercado, o del 7%, como asegura Guzmán, el nivel que se paga por el endeudamiento es altísimo, comparado otros países de Sudamérica, como Perú, que colocó un bono a 100 años apenas por encima del 3%.

Cristina coincide con Guzmán en que la Argentina crecerá en el 2021, pero ya empezó a enviar avisos que condicionan la política económica.

"No quiero que el crecimiento se lo queden tres o cuatro vivos", disparó.

Y sin dar demasiados detalles, exigió "alinear salarios y jubilaciones, precios -sobre todo de los alimentos- y tarifas".

En las concesionarias de servicios públicos la lectura fue coincidente: Cristina busca frenar las alzas de tarifas al menos hasta las legislativas de 2021, previstas para el 24 de octubre.

La vicepresidenta está convencida de que las malas noticias deben dejarse para después de los comicios.

Lo demostró en 2011, cuando tras ganar su segundo mandato por amplio margen, hizo que el Banco Central anuncie el cepo cambiario -tal vez la medida más impopular para los sectores medios- y lo mantuvo hasta dejar el poder.

Semejante presión por parte de la figura de más peso en la coalición gobernante, representa un desafío para Guzmán, quien se muestra tranquilo y destina su escaso tiempo libre para mostrarse posando con la camiseta número 10 de la selección o disputando un partido de fútbol.

El secretario de Energía, Darío Martínez, había anunciado que el descongelamiento de tarifas comenzaría en marzo/abril, pero ahora todo entró en revisión.

El kirchnerismo le tiene fobia a las malas noticias políticas. Quedó claro en los malabarismos que debió hacer el gobierno esta semana para tratar de disimular que se estaba autorizando un aumento del 5% en tarifas de telefonía, internet y TV paga.

En los comunicados destinaron el 99% a informar la vigencia de una Prestación Básica Universal que "beneficiará a 10 millones de personas", y apenas una línea -sí, una línea- para reconocer que autorizaban un incremento de tarifas que permanecieron congeladas a lo largo del año.

Guzmán también padece las presiones políticas que llegan desde el Instituto Patria, a pesar de la buena sintonía que tiene con la vicepresidenta.

El ministro de Economía pretendía actualizar en forma semestral las jubilaciones y tomar a cuenta de la futura fórmula de ajuste previsional el 5% de incremento otorgado en diciembre.

Su propuesta fue borrada de un plumazo por Cristina y la nueva ley, que se aprobaría antes de fin de año, prevé cuatro aumentos anuales para el sector (uno cada tres meses), con un índice basado en la suba de la recaudación de la Anses y los aumentos salariales.

Eso sí, nada de involucrar al costo de vida en esa ecuación, lo que da algunas pistas de que la inflación será un hueso muy duro de roer en el 2021.