Achicar el déficit, aumentar la inversión en obras públicas y transformar los impuestos distorsivos son los principales objetivos que se le fijaron a Nicolás Dujovne como ministro de Hacienda. Es el mandato que le dio Mauricio Macri cuando lo convocó a las apuradas para reemplazar a Alfonso Prat-Gay, cuyas diferencias con el resto del equipo gubernamental hicieron insostenible su continuidad.

El flamante ministro admitió que los tres objetivos que se han propuesto encierran un "conflicto entre sí", ya que "se quiere bajar el déficit, aumentar el gasto en infraestructura, que está devastada tras 12 años de desinversión, y reducir los impuestos distorsivos", pero se mostró confiado en poder lograrlo.

Dujovne, un consultor muy cercano al mundo financiero con experiencia en la función pública, deberá apelar a sus dotes de comunicador, tal vez aprendidas al calor de la televisión, para explicarle a los argentinos por qué es necesario ordenar las cuentas y, sobre todo, qué beneficio puede tener ese objetivo para la gente de a pie.

También deberá ser muy prolijo en los pasos a dar, y en los que den sus colaboradores más cercanos.

Por ahora, arrancó con el pie izquierdo: apenas se supo de su nombramiento trascendió que el nuevo ministro, crítico del exorbitante empleo público, era justamente empleado del Senado, cargo al que debió renunciar de inmediato.

Dujovne figuraba como agente de planta temporaria en la Cámara alta desde 2012 por pedido del senador nacional por la Unión Cívica Radical Luis Naidenoff.

La novedad hizo estallar la polémica teniendo en cuenta que Dujovne viene repitiendo que "hay un millón de empleados públicos que en alguna medida representaron un seguro de desempleo encubierto".

Salvada esta desprolijidad con su renuncia inmediata al cargo en el Senado, el nuevo ministro de Hacienda dijo que uno de sus principales objetivos será "mirar muy finito cómo se está gastando".

Hace años que en la Argentina se habla de la necesidad de hacer "sintonía fina", pero existen profundas diferencias sobre cuáles son los sectores que deben sobrellevar el peso de semejante ajuste.

La frase de Dujovne ya puso en alerta a los gremios estatales, en especial a UPCN, acostumbrado a negociar con todos los gobiernos desde el retorno de la democracia.

Andrés Rodríguez, el jefe de ese sindicato que se hizo aún más poderoso durante el kirchnerismo, siempre tuvo cintura para evitar los conflictos cuerpo a cuerpo en los que suelen enfrascarse otros gremialistas, como el camionero Pablo Moyano.

¿Será igual esta vez? ¿Qué pasará si esa sintonía fina comienza a dejar un tendal de estatales en la calle? Un reporte de Forensic Services de la consultora KPMG proyecta a 4 millones la cantidad de empleados públicos en el país, incluyendo las provincias.

Cerca de Dujovne coinciden con esa estimación, y sostienen que durante 12 años y medio de kirchnerismo, Nación y Provincias habrían incrementado la planta de personal en un número que mete miedo: un millón de personas.

El reporte de KPMG sostiene algo aún más polémico: que entre el 5 y el 7 por ciento de esos 4 millones de empleados son "ñoquis", un término que en cualquier país sería necesario explicar, pero que los argentinos conocen de sobra.

Si esas proyecciones fuesen ciertas, significaría que unos 280.000 empleados públicos estarían flojos de papeles y habrían sido colocados en Nación, provincias y los poderes legislativos y judiciales para contribuir a la maquinaria política partidaria, y no para ser servidores públicos de todos los argentinos.

¿Apuntará allí Dujovne cuando arranque en su cargo para achicar el gasto? ¿Tendrá espaldas políticas suficientes para semejante tarea? ¿Cuál será el impacto social de tanta cirugía mayor? Por ahora sólo son preguntas apresuradas, pero podrían empezar a materializarse con el correr de los meses cuando la gestión Dujovne comience a andar.

"Estamos administrando recursos de terceros, de la sociedad y queremos gastar bien; queremos que lleguen los recursos a los que menos tienen y más sufrieron por el impacto de las medidas que hubo que tomar", dijo por ahora el ministro sobre el tema.

El trabajo de KPMG, que comenzó hace más de un año y viene siendo actualizado periódicamente, es lapidario sobre la situación de la administración pública: "El Estado es la compañía número uno en contratación de personas con un escaso y deficiente control sobre ellas", concluye.

Macri exige que cuando termine 2017 el gobierno pueda cumplir la meta de alcanzar un déficit fiscal primario equivalente al 4,2% del Producto Bruto.

Para lograrlo se deberá hacer un esfuerzo casi sobrehumano, que enciende demasiados interrogantes en un año en el que el gobierno deberá afrontar las elecciones legislativas de medio término y necesitará capturar votos.

María Eugenia Vidal, la gobernadora bonaerense y política con mejor imagen del país, sorprendió al afirmar tempranamente que el proyecto macrista requerirá de "ocho años".

Pero algo similar había dicho Macri tiempo atrás, como si se buscara instalar en forma temprana un debate que aparece lejano para la gente.

Algo está claro: si depende de la economía, será vital que en el 2017 la actividad dé señales de recuperación firme, haya más empleo y se reduzca la pobreza, porque sin una buena elección legislativa parece casi imposible para el macrismo pensar en un segundo mandato.