La fuerte reacción ciudadana contra los aumentos en las tarifas tomaron por sorpresa al gobierno, ya que inicialmente se pensó que la política que despertaría mayores rechazos sería la devaluación y posterior alza de precios.

En el gobierno admiten que hubo problemas de comunicación en la puesta en marcha de la medida, pero también reconocen que habría requerido de un gradualismo mayor en su implementación, teniendo en cuenta el escenario recesivo que atraviesa el país.

Mauricio Macri tomó nota de las críticas y salió a instalar muy fuerte que no quedaba otra alternativa que aplicar esta medicina amarga.

El presidente también decidió defender a ultranza a Juan José Aranguren, el ministro de Energía al que el ajuste de tarifas casi se lo lleva puesto.

Cuando vio que con esto no alcanzaba, Macri envió a las principales espadas del gobierno a salir a la calle, con la gobernadora María Eugenia Vidal a la cabeza.

Y ya con el cacerolazo consumado, decidió aceptar entrevistas en varios programas de televisión a poner el cuerpo, consciente de que se trata de medidas clave para el futuro de su gobierno.

El gobierno está convencido de que, más allá de las explicaciones que se den, los aumentos en tarifas de gas, agua electricidad y, desde el miércoles, también en el subte, son muy difíciles de entender sin tener en cuenta la crisis energética que afronta la Argentina y la "bomba de tiempo" que, sostiene Cambiemos, dejó Cristina Fernández.

Por eso, el gobierno espera que con el correr de los meses, cuando la economía se empiece a recuperar, crezca en nivel de comprensión de la gente hacia estas medidas.

"El alza de tarifas me duele en el alma, pero quiero que entiendan que si hubiese existido otra alternativa la habríamos aplicado", repitió Macri ante las distintas audiencias.

Esta estrategia de poner la cara se complementará en las próximas semanas con una fuerte apuesta a instalar la idea de que la inflación se está desacelerando.

Macri ya abordó algo de este tema cuando dijo que en el 2017 el costo de vida estará por debajo del 25 por ciento.

El equipo económico quiere instalar la expectativa de que la inflación está en retroceso, pero aún cuesta fundamentarlo.

El propio Banco Central admitió que los precios no ceden al ritmo esperado, y por eso frenó el proceso de rebaja de tasas de interés.

La decisión tomada por el directorio conducido por Federico Sturzenegger no le hace gracia al ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, quien mantiene diferencias cada vez más profundas con el jefe de la autoridad monetaria.

A Prat-Gay le hubiese gustado una política de baja de tasas más agresiva, que permitiera dar más oxígeno a la recuperación productiva.

Sturzenegger prefiere apostar a la prudencia pero habrá que ver cuánto tiempo puede soportar la presión del ala productivista del gobierno, que pretende evitar un mayor enfriamiento de la economía.

Algunas consultoras están previendo una inflación menor al 2% para julio, aunque no es esa la sensación térmica que percibe la gente en la calle, con remarcaciones que siguen a buen ritmo en las góndolas.

El fenómeno de la inflación en la Argentina no parece responder solo a cuestiones macroeconómicas, sino ser producto de esa tendencia del país a apostar siempre a la especulación y a tensar la cuerda, que tanto daño le ha hecho en el pasado.

Pero bajar la inflación es solo una parte de problema económico que tiene por delante la administración de Macri.

También necesita convencer a los inversores de que el futuro de la Argentina es promisorio, y por eso a partir de agosto quiere mostrar un fuerte despegue de la obra pública, que brilló por su ausencia en el primer semestre.

Prat-Gay le hizo llegar a Macri un informe que estima en USD 30.000 millones la inversión en el primer semestre.

Pero no pudo responder un interrogante que desvela al jefe de Estado: ¿Por qué esas inversiones no se traducen en generación de empleo y una mayor oferta que haga declinar la expectativa inflacionaria?

El aumento en las inversiones y la reactivación de la obra pública aún no dan frutos reactivadores para compensar la caída de casi diez puntos del poder de compra que registran los salarios en la primera parte del año.

En este escenario, Macri apuesta varias fichas al blanqueo de capitales.

Espera al menos 60.000 millones de dólares, el triple de lo que prometió inicialmente el ministro de Hacienda, y por eso instó a los empresarios a "entrar al blanqueo".

Algunos economistas, como Gabriel Rubinstein, advierten que si no se blanquean unos 100.000 millones de dólares, no se habrá logrado el resultado dinamizador esperado.

Para el gobierno, el número no es menor: si se logra un buen resultado, podrá ser presentado como un síntoma de la confianza del mundo financiero en la Argentina.

Pero existe otra consecuencia clave: Prat-Gay estima que si la cifra es lo suficientemente voluminosa, el país no tendría necesidad de endeudarse por al menos dos años, lo cual beneficiaría al sector privado para acceder a fondos y le daría mayor margen de maniobra al gobierno para poner en marcha una política expansiva, que dinamice el consumo y mejore el humor social, que por estas horas atraviesa una hora muy difícil.