El Gobierno busca calmar el malhumor social a través de medidas destinadas a dinamizar el mercado interno en medio de un fuerte ajuste, tal vez alarmado por la caída en las expectativas de los consumidores. En esa línea debe leerse la decisión de avanzar con una reparación histórica para los jubilados, al decidir pagar las

sentencias que el kirchnerismo siempre se negó a saldar amparado en que generaría una "quiebra" del sistema previsional.

Habrá que ver qué está dispuesto a poner en juego Mauricio Macri para evitar que ese anunciado quebranto se produzca.

Por las dudas, parece decidido a ir desprendiéndose si hace falta de las acciones que la ANSeS heredó en una treintena de empresas tras la estatización del sistema, un tema que sobrevuela las intenciones oficiales desde hace tiempo.

La cuestión sería muy bienvenida por el sector privado, al que nunca le gustó tener al Estado husmeando en sus directorios, pero a cambio la administración macrista insistiría en la necesidad de poner más energía en el desembolso de inversiones, una cuestión que sigue pendiente.

¿Acaso la venta de acciones de la ANSeS será más enérgica en el caso de las empresas que hagan anuncios de inversiones? Habrá que ver.

El amplio blanqueo de capitales que se viene apunta también a aumentar la recaudación impositiva para financiar enormes costos que tendrá el pago de fallos adversos a los jubilados. Será muy abierto, pero también "caro", según explicó el jefe de la AFIP, Alberto Abad.

En lo concreto, a partir de ahora quienes se jubilen "cobrarán lo que corresponde", ya que se cumplirá con lo que fijan la ley y los fallos de la Corte Suprema. Hasta ahora, quien se jubilaba inmediatamente tenía que hacer un juicio para conseguir el ajuste de su haber, lo cual disparó un entramado de abogados y jueces donde circulaban miles de millones al año.

Para pagarle a los jubilados también se usaría el Fondo de Garantía de la ANSeS, que también podría utilizarse, de aprobarse la ley propuesta por el oficialismo, para financiar obras de infraestructura del Plan Belgrano en el norte del país.

El blanqueo

"Estamos haciendo todos los deberes, ahora tienen que traer la plata", vienen sosteniendo los principales interlocutores del gobierno a las cámaras empresariales. Es un mensaje dirigido a quienes prefirieron mantener sus capitales en el exterior con el argumento del intervencionismo estatal creciente aplicado por el kirchnerismo en su largo régimen de 12 años y medio.

Macri insistió con la idea al hacer los anuncios ante un simbólico grupo de jubilados: "Los que más tienen, tienen que ponerse al día", les avisó.

Hasta ahora, el peso del ajuste ha sido muy desigual: la devaluación y la disparada de precios empobrecieron a los argentinos de a pie, que observan con estupor cómo sus ingresos no les permiten llegar a fin de mes.

También la presión fiscal muestra desigualdades: mientras al campo se lo eximió de la mayoría de las retenciones, los consumidores siguen pagando una altísima alícuota del 21% de IVA, soportan el traslado a precios de la mayor parte de los gravámenes y son víctimas de formadores de precios inescrupulosos a los que se vigila sin demasiado rigor desde el Estado.

Los asalariados no tienen forma de zafar del impuesto a las ganancias y del IVA, que se llevan más de la mitad de sus ingresos.

Sobre la presión impositiva existe una puja que va creciendo en el sector privado: las alimenticias vienen haciendo malabares para explicar que trabajan con bajos márgenes de rentabilidad, mientras apuntan a grandes cadenas de supermercados por remarcar mucho más allá de los incrementos de costos.

Es obvio que alguien se está quedando con la crema del negocio de la remarcación, pero por ahora hay incapacidad o falta de voluntad del gobierno para ponerlos en caja.

Habrá que ver si Macri demuestra intenciones, capacidad y poder político para adoptar medidas de control más rigurosas que permitan terminar con esas prácticas que erosionan el bolsillo de los trabajadores y pueden complicar el escenario social.