El 13 de abril puede convertirse en un día decisivo para saber si la Argentina saldrá del default, ante la audiencia convocada por la Corte de Apelaciones de Nueva York para escuchar argumentos y decidir si corresponde levantar el embargo de pagos de deuda y dar vía libre al acuerdo con los fondos buitre. Eso ocurrirá en Estados Unidos, mientras aquí la ex presidenta Cristina Fernández se presentará por primera vez ante los tribunales en la causa por operaciones con dólar futuro que le costaron miles de millones de pesos al país.

Pasaron más de 14 años desde que el efímero presidente Adolfo Rodríguez Saá anunciaba, en medio de una crisis terminal en diciembre de 2001, que el Tesoro argentino no podría afrontar el pago de sus deudas e iba a priorizar la atención de problemas domésticos.

Luego hubo dos canjes de deuda (2005 y 2010) que lograron acumular un 93 por ciento de adhesiones con fuertes quitas, pero el país nunca pudo sacarse de encima el estigma de la cesación de pagos, tuvo prohibido el acceso al crédito internacional y se le aplicó tarjeta roja para las inversiones.

Ahora, el equipo económico liderado por Alfonso Prat Gay aguarda con expectativa positiva esa audiencia y ya comenzó sondeos en los mercados para colocar unos 12.000 millones de dólares en bonos, que se destinarán a pagar el acuerdo con los holdouts.

Esa posibilidad sólo se abrirá si la Corte de Apelaciones neoyorquina confirma la decisión del juez Thomas Griesa de dar luz verde al preacuerdo del país con los acreedores.

Esos convenios ya suman unos 8.200 millones de dólares, el 85 por ciento de la deuda en cesación de pago.

En el gobierno creen que el tribunal norteamericano coincidirá con la posición de Griesa y que en la semana del 18 de abril se concretaría el pago de la deuda.

El entusiasmo de la parte argentina se potenció al conocerse los nombres de los jueces de la Cámara de Apelaciones que van a definir el juicio en la audiencia del 13 de abril.

Dos de los magistrados tienen cercanía con el Partido Demócrata -justo cuando el gobierno de Barack Obama está apoyando a la Argentina para cerrar este capítulo- y el tercero trabajó en el estudio Cleary, el bufete que asesora a la Argentina.

Estos datos, que siempre son relativizados por la supuesta ´autonomía´ de la Justicia norteamericana, pueden jugar su papel a la hora de inclinar la balanza a favor del acuerdo.

Tras escuchar las exposiciones de cada parte -la Argentina y los acreedores que rechazan el acuerdo pactado- la Corte de Apelaciones deberá decidir, aunque no necesariamente ese mismo día.

En concreto el tribunal deberá definir si permite a Griesa aplicar el "stay" para permitirle a la Argentina pagarles a los fondos buitre y acreedores que aceptaron la propuesta, sin el riesgo de que el dinero destinado termine embargado.

Para esa fecha Prat Gay prevé lanzar la emisión de bonos por unos 15.000 millones de dólares.

Una buena parte sería para pagar el acuerdo, mientras el resto apuntaría a financiar obras de infraestructura pero, sobre todo, a dar una señal a los mercados de que la Argentina vuelve con fuerza a los mercados internacionales tras la salida del default.

Sería cuatro días después de la fecha comprometida por escrito, pero Prat Gay estima que los fondos buitre aceptarán la demora porque ya tienen decidido terminar con el litigio.

Axel Kicillof siempre batió el parche asegurando que acordar con los fondos buitres era imposible. Prat Gay dice que podrá demostrar lo contrario, aunque a un costo alto para el país.

El tiempo dirá muy pronto quien tenía razón.