A pesar de haber hechos los deberes reclamados por los mercados, el Gobierno parece haber tomado conciencia de golpe de que la inflación está fuera de control y que la intención de ser amistoso con el mercado llegó a un punto límite.

Ante ese convencimiento pretende empezar a poner en caja a los formadores de precios, porque sabe que de lo contrario puede evaporarse a toda velocidad la confianza de la gente, que aún refleja un nivel de aprobación alto a la flamante gestión de Cambiemos.

El presidente Mauricio Macri y sus principales funcionarios debieron salir a admitir que consideran "inaceptable" la escalada de precios.

Pero la ciudadanía, y en especial los sectores más postergados, esperan algo más que frases de ocasión.

Por ahora observan -no sin asombro- que la especulación y las remarcaciones le van torciendo la mano a las aspiraciones oficiales.

Dio la impresión de que Macri se confió demasiado en que sus medidas pro-mercado iban a recibir como contraprestación cautela en las alzas de precios.

Nada más lejos de la realidad: en cuanto vieron la oportunidad, los formadores de precios buscaron agrandar su rentabilidad sin miramientos.

Otra vez el mercado demostró que en cuanto le aflojan las riendas su voracidad crece sin control, despreocupada del impacto social.

Macri está molesto con algunos colaboradores que lo convencieron de que la devaluación no se trasladaría a precios

porque justamente los mercados habían calculado sus costos sobre la base de un dólar a 15 pesos.

Uno de los que acercaron esa lectura fue el ministro de Hacienda, Alfonso de Prat Gay, pero esa mirada aparece ahora ingenua ante la disparada observada en las góndolas.

El problema es que el gobierno se encuentra en una encerrona: con precios por la nubes, los gremios presionan por aumentos salariales, que a su vez pueden ser considerados por las empresas como argumentos para seguir remarcando.

La película de terror que esa lógica podría disparar ya se vio muchas veces en la Argentina, y sus consecuencias serían más pobreza, desempleo y crisis social.

La estrategia desplegada hasta ahora por la Casa Rosada aparece débil: tiene gusto a poco pretender frenar a los tiburones de las remarcaciones, encabezados por los supermercadistas y las alimenticias, con la exigencia de obligarlos a utilizar una aplicación en internet para informar on line el valor de la mercadería.

También suena pobre pensar que gremios como los docentes bajarán sus pretensiones por la prometida rebaja en el impuesto a las Ganancias, que puede sonar tentadora para bancarios y camioneros, donde predominan sueldos altos, pero no mueve el amperímetro de los maestros y otro sectores de menores ingresos.

Lo está comprobando la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien aparece cada vez más estresada porque el presidente le exige no ceder aumentos por encima del 29,9% para los maestros y empieza a convencerse de que así las clases no arrancarán el 29 de febrero próximo.

Lo que el gobierno parece no terminar de entender es que hay sectores que se están quedando con la parte del león de la renta, y mientras no logre ponerlos en caja, la inflación seguirá siendo un problema irresuelto.

Macri sabía que heredaba un país con numerosas inconsistencias, algo muy parecido a una bomba de tiempo, y eligió el camino de encarrillar algunas variables clave con políticas de shock, como una devaluación que ya se disparó por encima del 50%, con un dólar a 15 pesos, aumentos de tarifas y eliminación de retenciones.

La duda que queda es si esa estrategia está calculada en todas sus etapas, o puede llegar ahora el delicado momento de la improvisación, que sólo traería más problemas.

La jugada es a cara o cruz y por ahora la moneda está en el aire mientras el tiempo apremia.