Tras una salida del cepo cambiario menos traumática de lo esperado, en enero el gobierno de Mauricio Macri deberá enfrentar tensiones por las paritarias y reclamos sociales que ya empezaron a vislumbrarse a fines del 2015. La devaluación del 35% para abrir la trampa cambiaria en la que se metió Cristina Fernández y de la cual nunca supo salir, planteó un desafío mayúsculo para la actividad económica cuyas consecuencias persistirán largo tiempo.

La Argentina sufrió una fuerte desaceleración en el ritmo de llegada de inversiones hasta caer por debajo del 20% del Producto Bruto, cuando el nivel aconsejable es del 25%.

En parte esa merma había sido atribuida por Axel Kicillof a que "el mundo se le vino encima" al país, pero la razón de fondo estaba vinculada con la trampa cambiaria, lo cual las anteojeras ideológicas del último ministro de Economía kirchnerista jamás le permitieron ver.

Basta tener en cuenta que cualquier inversor que deseara ingresar divisas al país mientras rigió el cepo recibía por sus fondos un 40% menos de lo que en realidad valía la divisa, una distorsión que ahora se corrigió, a un costo alto.

Pero el levantamiento de las restricciones cambiarias eran necesarias pero insuficientes para transformar una economía plagada de distorsiones.

Retomar la normalidad llevará tiempo y obligará a atender varios frentes, empezando por el abuso en el que caen los formadores de precios cuando se producen eventos que rompen con un modelo de intervención económica asfixiante.

En noviembre comenzó a producirse un proceso de aceleración de la inflación consolidado en diciembre, al que el nuevo gobierno deberá prestar atención especial.

Esto ya fue advertido por las principales centrales sindicales, que buscarán acelerar las paritarias para no quedar tan atrás en la recomposición de ingresos.

Algunos gremios de peso, como el de Bancarios, lograron un bono de fin de año, y lo mismo ocurrió en otras ramas con poder de fuego, pero la sensación de que los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera continúa instalada.

Tras la devaluación, el gobierno deberá acertar en redistribuir las cargas del ajuste para evitar que el descontento social enturbie el cambio de rumbo que la Argentina necesitaba para salir de la parálisis económica de los últimos años.

El impulso artificial del consumo posibilitó transmitir sensación de que se mantenía algún ritmo, pero en el fondo se estaba consolidando un modelo en el que la economía languidecía y el país se encaminaba a una quiebra por la cual sería imposible tener las reservas necesarias para necesidades vitales como importar energía o medicamentos.

En sus primeros pasos, el equipo económico de Macri se concentró en devolverle competitividad al sector agropecuario, con la eliminación de retenciones para todos los granos menos la soja, y la depreciación del peso.

Los resultados positivos comenzaron a visualizarse con el buen ritmo de recomposición de reservas, que esta semana superarán los 25.000 millones de dólares.

Pero Macri deberá atender la mayor presión que las mayores exportaciones provocarán sobre los precios internos, por ejemplo en el caso del trigo, ya que muchos productores preferirán exportarlo que venderlo a nivel local, y esto puede encarecer insumos clave como la harina, pero también la carne.

El gobierno ya advirtió su disposición a abrir la importación donde detecte abusos de precios, pero deberá hacer un trabajo muy fino y eficaz para lograr ese objetivo.

Por ahora no se está comprobando, al menos en muchos productos clave, la teoría de Alfonso de Prat Gay de que tras devaluar no habría razón para subir precios porque los costos ya estaban calculados al dólar blue.

La lógica del mercado indica que el precio subirá mientras haya demanda, y es ahí donde deben intervenir las políticas estatales para frenar los abusos, pero también para dejar de inflar en forma artificial la distorsión vía emisión monetaria descontrolada.

Por ahora, todo indica que el objetivo de la conducción económica es mantener un dólar cercano a los $13,50, aunque manteniendo la "flotación sucia", que le dé la imprevisibilidad necesaria a la cotización de la divisa dentro de una franja que sólo el Banco Central conozca.

Cerca de Prat Gay sostienen que la aceptable salida del cepo cambiario debería dar una señal muy clara a los operadores económicos de que no se justifica una disparada de precios y que deberán cuidar la demanda.

Habrá que ver si los sindicatos, que esperan que Macri los reciba a su regreso de vacaciones, coinciden con esa lectura.

Los principales caciques gremiales dicen que por ahora el presidente se acordó de todos menos de los trabajadores, y aguardan señales en ese sentido.

Desde la Casa Rosada recuerdan que se eliminó el pago de Ganancias para el aguinaldo en salarios de hasta 30 mil pesos y se otorgó un bono de 400 pesos para 8 millones de personas.

Las medidas tienen sabor a poco para los gremialistas, pero igual esperan que el Gobierno aliente paritarias libres y las empresas adopten una mayor flexibilidad a la hora de discutir los aumentos.

El principal argumento sindical será el notorio ajuste en los precios de alimentos y bebidas, y otros componentes clave de la canasta familiar en las últimas semanas.

El Gobierno y las empresas esperan que las paritarias se ubiquen por debajo del 30%, lo cual por ahora suena a herejía para los oídos sindicales.