Tras meditarlo tres semanas luego del balotaje, el presidente Mauricio Macri se inclinó por una política de shock para ponerle punto final al cepo cambiario y ahora deberá afrontar el desafío de evitar un traslado de la devaluación a precios, que recaliente la inflación.

Dicen que en medio de la euforia del triunfo en la noche del 22 de noviembre, Macri ya tenía claro que las restricciones cambiarias serían uno de los desafíos clave a afrontar, no sólo porque era su principal promesa de campaña, sino porque los agentes económicos coincidían en que prohibir la venta de dólares fue el principal de los muchos errores cometidos por Cristina Fernández en su gris segundo mandato.

El cepo fue uno de los factores, aunque no el único, que contribuyeron a hacer languidecer una economía que sólo sobrevivió a partir de la tergiversación permanente de estadísticas que buscaron instalar la imagen de un país irreal, casi sin pobres ni desempleados, y una actividad económica pujante, a pesar del sinnúmero de indicadores que sugerían lo contrario.

Ahora, Macri debió optar entre la propuesta de salir del cepo con una devaluación brusca, que ronda el 40 por ciento, o una gradual, como la que ensayó sin suerte Axel Kicillof en enero de 2014 y fue neutralizada por la inflación.

Se inclinó por la segunda, por considerar que el retraso cambiario, sumado a las permanentes intervenciones del Estado en casi todos los rincones de la economía y las trabas con corrupción incluida en el comercio exterior, terminaron asfixiando al sistema productivo argentino.

En algún momento, Cristina Fernández quiso creer el espejismo de que la Argentina podía sobrevivir como si fuese un espacio cerrado, y llegó a proponer la insólita idea de "sustituir exportaciones" con mercado interno.

El experimento rozó el absurdo, aisló aún más a la Argentina y sólo sobrevivió porque el Banco Central emitió moneda en forma artificial y descontrolada, que el Estado se ocupó de repartir con el fin de sostener al país en forma artificial hasta las elecciones.

Pero haberse inclinado por una salida drástica del cepo cambiario representa un riesgo enorme para un gobierno que lleva poco más de una semana en el poder.

Los formadores de precios, que venían cubriéndose de una devaluación anunciada, podrían no conformarse con las remarcaciones ya concretadas y avanzar en nuevos movimientos, aprovechando un relajamiento de controles del Estado.

En la vereda de enfrente, los gremios ya exigen un bono de fin de año y avisan que en las paritarias podrían llegar a reclamar aumentos del 50%, como avisó el histriónico Luis Barrionuevo.

Macri podría quedar atrapado entre esas dos puntas de un conflicto en permanente tensión, y el escenario político agravarse si el ultrakirchnerismo persiste en su aparente intento de hacerle la vida imposible a la fuerza política que lo corrió del poder, haciendo una marcha por semana.

Por ahora el presidente optó por blindar financieramente a las reservas del Banco Central, que por primera vez en varios meses cambiaron la tendencia declinante y subieron.

Cerró un acuerdo con las cerealeras para garantizarse el ingreso de unos 6.000 millones de dólares en las próximas tres semanas, y aceleró el anuncio de un desembolso de 5.000 millones de dólares por parte del BID.

A eso, pretende sumar el aporte de unos 8.000 millones de dólares por parte de un grupo de bancos.

La operación para ganarle la pulseada a los mercados y mantener el dólar por debajo de los 14 pesos incluye la reconversión de yuanes chinos en dólares y, si los tiempos son propicios, hasta obtener apoyo financiero del Tesoro de los Estados Unidos.

La estrategia auspiciada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, tendría aún otro posible resguardo: habría comenzado a dar señales al FMI de que la Argentina no sólo está dispuesta a reabrirle las puertas a un monitoreo de sus cuentas, sino a utilizar alguna línea de crédito en el futuro, en caso de que hiciese falta.

El escenario giró 180 grados para los factores de poder económico con la llegada de Macri a la Casa Rosada.

Grandes empresas, bancos y en especial el sector agropecuario, consideran que la Argentina está frente a la posibilidad de volver a los carriles de normalidad más cercanos al gobierno de Néstor Kirchner, cuando se produjo el boom de commodities.

El problema es que de aquel tiempo a esta parte el precio de la soja descendió a la mitad; el principal socio comercial, Brasil, cayó en picada y ya se llevó puesto a otro ministro de Hacienda; y China inició un proceso de reconversión que abre un interrogante a futuro sobre su rol de comprador de oleaginosas a gran escala.

Macri deberá entender rápido cuáles son las preocupaciones de la sociedad, vinculadas con la pérdida del poder adquisitivo y la persistencia de una inflación que carcome los multimillonarios aportes que mes tras mes realiza el Estado en ayuda social.

En enero, cuando mucha gente esté de vacaciones, las tarifas de electricidad y gas empezarán a llegar con fuertes alzas, y los combustibles van a mostrar incrementos por ahora impredecibles.

Las malas nuevas serán terreno propicio para la protesta social, y el nuevo gobierno deberá acelerar acuerdos con distintos sectores para evitar un desmadre que licúe la fortaleza política que Macri busca sostener a fuerza de mostrarse como un líder en busca del consenso permanente.

Macri sabe que deberá negociar con todos, una gimnasia que aprendió en sus ocho años como jefe de Gobierno de la Ciudad.

Pero ahora gobierna un país, que incluye volcanes de conflictividad social que pueden volverse impredecibles, como el conurbano bonaerenses.