Alejado de los pronósticos apocalípticos, el Gobierno parece decidido a dejar que la Argentina caiga nuevamente en default, aunque en este caso forzado por la Justicia norteamericana y con fecha de vencimiento, ya que concluiría a fin de año. Considera que ante el fallo adverso del juez Thomas Griesa y la "intransigencia" de los fondos buitre, que se niegan a pedir reponer una cautelar y negociar el pago, conviene arriesgarse a atravesar los poco más de cinco meses de turbulencias que quedan.

Esas dificultades estarían más atadas a los reclamos que podrían llover de los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010, porque los 549 millones de dólares que la Argentina giró para pagar vencimientos de deuda de junio, aún no llegaron a sus manos.

En el mercado reina la confusión sobre el verdadero estado de situación del conflicto y sus posibles derivaciones, pero el grado de pesimismo está a años luz del que había cuando se anunció la cesación de pagos a fines de 2001.

La mayoría coincide en que habrá turbulencias, pero que el escenario es muy diferente.

Consideran que si no hay acuerdo ahora, llegará en el 2015, cuando desaparezcan los riesgos para la Argentina.

Tampoco está claro cómo puede afectar este default técnico la negociación que se había logrado encaminar con el Club de París, por una deuda de 9.300 millones de dólares.

Si bien la cesación de pagos tendrá impacto sobre una economía en recesión, la presidenta Cristina Fernández parece convencida de que el traspié no alterará demasiado el escenario del país.

"Nos advierten que si no hacemos lo que quieren los fondos buitre no tendremos acceso a los capitales y yo pregunto: desde 2003, ¿cuándo tuvimos acceso al financiamiento internacional?", ironizó la mandataria.

Habría llegado a la conclusión de que más grave sería alterar las condiciones de los canjes de deuda de 2005 y 2010, y arriesgarse a la ejecución de la cláusula RUFO, por la cual los bonistas que entraron podrían litigar contra la Argentina pidiendo el mismo trato mejorado que se otorgaría a los fondos buitre.

Igual, la presidenta jamás reconocerá un default, porque su dialéctica política blindada se lo impide.

"Argentina no va a entrar en default por una razón sencilla, elemental, tan obvia que no tendría que decirla: porque pagó", dijo en la semana.

En esta compleja coyuntura se apoyó en los consejos económicos del ministro Axel Kicillof, pero sobre todo en la formación política del secretario Carlos Zannini, un duro entre los duros en el elenco oficial, militante maoísta en su juventud.

Kicillof le estimó que si los bonistas "holdins" -los que entraron a los canje de deuda- decidieran ir contra la Argentina apelando a la cláusula RUFO, las demandas podrían ascender hasta los 240.000 millones de dólares.

No es lo único que preocupa al funcionario: está convencido de que podría terminar recorriendo tribunales en caso de "dejar los dedos pegados" en el litigio, como admitió ante un grupo de colaboradores.

Por esa razón, pidió que en todas las reuniones o declaraciones se tenga mucho cuidado en ser rigurosos y dejar claro que la Argentina no se corre ni una coma del marco legal.

Así, el equipo económico más joven de la historia argentina afronta un desafío mayúsculo, inesperado y desagradable.

Excompañeros en la universidad, llegaron al Palacio de Hacienda con la esperanza de poner en marcha las "transformaciones pendientes", pero hasta ahora debieron dedicar casi todos sus esfuerzos a afrontar un litigio que se fue de las manos y pone en jaque al país.

Así las cosas, y por más que la presidenta exija "inventar otro término" en lugar de default, Argentina otra vez se enfrenta a una encrucijada, ya que -a pesar del relato oficial- nunca llegó en realidad a resolver al 100 por ciento de su abultada deuda.