Por estos días la población afronta una pelea desigual contra un enemigo cada vez más feroz, las remarcaciones de precios, un calvario para los bolsillos fatigados de los argentinos. La guerra que el gobierno lanzó contra los formadores de precios en febrero último duró apenas cuatro meses y con resultado dudoso, casi con olor a derrota.

Desde el primero de junio, la Casa Rosada debió capitular ante la enorme presión y aceptar que el 95 por ciento de los productos sufran remarcaciones que en muchos casos llegaron al 10 por ciento.

La lista de 500 productos "congelados" es una anécdota a esta altura de los acontecimientos.

En primer lugar, muchos bienes de esa canasta son difíciles de ubicar en las góndolas y en otros casos directamente brillan por su ausencia.

Aquí también opera un "efecto desaliento", porque ante la ausencia de esos productos, la gente opta por resignarse y adquirir otros de mayor valor.

Sectores más postergados de la población deben destinar en muchos casos horas a recorrer varios supermercados para poder llegar con sus pesos que cada vez valen menos a comprar lo indispensable para que la familia pueda tener los nutrientes necesarios.

Alimentos, bebidas, productos de limpieza y otros que conforman la canasta básica "real" de los argentinos registraron aumentos que oscilan entre 5 y 10 por ciento desde el último fin de semana, cuando se abrió un corral de remarcaciones que amaga con no terminar allí.

Ni hablar de otros productos que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, suele llamar casi graciosamente "premium", como el queso port salut, con un criterio que devela cuál es la concepción sobre consumo con que se manejan sectores del gobierno.

La respuesta que brindan los defensores del "modelo" ya suena a impotencia: de la presidenta Cristina Fernández para abajo, la respuesta es uniforme.

"Nosotros no fijamos los precios", repiten a coro, como si el gobierno ya se hubiese resignado a que nada podrá hacer ante la estampida de cartelitos con números que se elevan semana tras semana en las góndolas.

Un fenómeno de impotencia similar atraviesa el oficialismo ante la fuga de capitales, el retraso cambiario y el dólar paralelo.

Moreno creyó que iba a poder manejar a gritos y cachetazos a los tiburones de la city porteña, que como siempre terminaron haciendo su juego y sirviéndose al funcionario en bandeja de plata.

Así como la inflación no es la que sostiene el INDEC, el valor del dólar tampoco es el que se ve en las pizarras de las casas de cambio de la city porteña.

Por eso, dos de las variables clave de la economía argentina son ilusiones presentes únicamente en el discurso oficial, que poco tienen que ver con la realidad en la que despiertan día tras día los argentinos.

Ante un drenaje de reservas que no se frena y la necesidad de seguir importando grandes volúmenes de combustibles, la presidenta la emprendió contra los exportadores de granos, porque están reteniendo la cosecha.

La razón de semejante comportamiento por parte del campo no responde solo a un rencor interminable de productores contra el cristinismo, sino a razones de bolsillo.

Si los productores vendiesen todos los granos juntos, como desearía el gobierno, perderían ante una inflación que otra vez se dispara el 25 por ciento anual.

Pero la problemática energética desempeña un rol cada vez más significativo en una economía debilitada, y eso pone al titular de YPF, Miguel Gallucio, en el centro de la escena.

La petrolera estatizada viene suscribiendo acuerdos de inversión con distintas compañías para tratar de empezar a operar sobre el yacimiento de petróleo no convencional de Vaca Muerta, aunque lo concreto es que hasta ahora los dólares no aparecieron y todo el proceso llevará mucho tiempo de implementación.

Las importaciones de energía aumentaron su importancia respecto de los dólares liquidados de la cosecha, ya que pasaron de representar un 6% en el 2003 al 45% en este 2013.

Todo indica que antes de las elecciones el gobierno buscará apretar aún el torniquete del cepo al dólar.

En el oficialismo se encabritan cuando escuchan hablar de "cepo", y censuran a cualquier especialista o periodista que ose nombrar ese término ante su presencia.

"El cepo es un elemento de tortura", recuerdan. Tienen razón, desde octubre de 2011 un sector de la población argentina viene soportando la tortura de la incertidumbre.