Un obstáculo inesperado le apareció a la administración de Cristina Fernández con el revés judicial sufrido en Estados Unidos por litigios de los incansables fondos buitres, mientras que el modelo parece destinado a salir golpeado tras el año más difícil que padeció la Presidenta desde que llegó al poder en 2007. Primero fue el papelón del embargo de la Fragata Libertad, símbolo de la nacionalidad argentina, en un perdido puerto africano de Ghana.

A los pocos días, un fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que envalentonó a los fondos especulativos y le hizo comprender a la Presidenta que el mundo color de rosa que le venían describiendo, entre otros, su diligente canciller Héctor Timerman era algo más complicado de lo que le contaban.

Si bien aún es un interrogante la magnitud del daño que provocará el fallo neoyorquino, la Argentina se prepara para una guerra judicial de largo alcance no exenta de costos, que podría incluir hasta una apelación ante la Corte Suprema.

"Nunca le pagaremos un peso a los fondos buitres", advirtió el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, para tratar de explicar con más retórica que argumentos cómo haría el país para evitar el desafío mayúsculo de no abonarle a los "caranchos" que compraron bonos a precios de usura y ahora vienen por las arcas del país.

La compleja trama jurídica internacional coincidió con la decisión del Chaco de dejar en default su deuda, pesificándola al dólar oficial.

Así como el gobierno dejó librados a su suerte a miles de ciudadanos que habían contraído obligaciones en dólares cuando de un día para el otro aplicó el cepo cambiario, igual inteligencia se ejecutó sobre las indefensas provincias, pero con consecuencias mucho más graves, que esmerilaron la poca confianza que quedaba entre los inversores.

El argumento del gobernador y ex jefe de Gabinete de Eduardo Duhalde, Jorge Capitanich, quien le echó la culpa al Banco Central por no haberle proporcionado los dólares, no evitó la desconfianza que representa para el tenedor de un bono que de un día para el otro le paguen 35 por ciento menos, aproximadamente la brecha existente entre el inaccesible dólar oficial y el que se consigue en forma ilegal en el mercado paralelo.

Al Chaco se sumará Formosa y a punto estuvo de añadirse Tucumán, lo cual despertó preocupación en los angurrientos mercados y llevó a las calificadoras -odiadas por Cristina Fernández- a poner el riesgo país de la Argentina casi al mismo nivel que el de la destartalada Grecia.

En medio de esa corrida especulativa contra el país que tuvo la cesación de pagos más grande de la historia moderna, en el 2001, la jefa de Estado debió salir a aclarar: "Pagaremos todos los vencimientos en dólares".

Lo curioso es que a pesar de haber negociado con una quita récord su deuda externa, de cancelar el total de las obligaciones con el FMI y pagar religiosamente vencimientos en dólares a costa de fondos del BCRA, la ANSeS y el PAMI, los acreedores dicen seguir teniendo serias dudas sobre el cumplimiento de la deuda soberana.

El proyecto para intervenir el mercado bursátil y definir en qué sectores podrán invertir las aseguradoras, sumó un perfil más estatista a un gobierno que ya venía profundizando el dirigismo sin mucha claridad de fines.

Cuando concluya 2012, el gobierno habrá saldado casi 8.000 millones de dólares, en buena medida gracias al sacrificio de gran parte de la población, que con el cepo al dólar carece de herramientas para proteger su poder adquisitivo y queda a tiro de inflación.

La realidad es que, más allá de la retórica, a una década del default la Argentina aún no terminó de levantarlo, y el mundo sigue viendo al país como una "oveja negra", a pesar de que en los grandes centros financieros internacionales desataron descalabros mucho más perjudiciales que este sufrido país ubicado en el punto más austral de Sudamérica.