Con la certeza de obtener una fácil aprobación en el Congreso, al gobierno de Cristina Fernández le aguarda ahora la titánica tarea de demostrar que una gestión estatal puede administrar en forma eficiente la petrolera YPF, la principal compañía del país con ventas por 60.000 millones de pesos anuales, y evitar la tentaciónde usar esos recursos como otra caja política. A esos monumentales fondos se sumará que la expropiación le permitirá al Tesoro quedarse con dividendos no distribuidos por unos 1.200 millones de dólares, al menos hasta que evolucione la demanda judicial que prepara Repsol y se termine de definir cuál será el monto de la indemnización que establece la Constitución.

No será fácil gestionar la empresa más grande de la Argentina, porque ya se notaron dificultades en el "management estatal" en Aerolíneas, una empresa que pierde 1,5 millones de dólares diarios y en la cual una de las caras visibles era Axel Kicillof, el mismo funcionario que ahora pisa fuerte en YPF.

Por ahora, los interventores de YPF, Julio De Vido y el propio Kicillof, se concentraron en aumentar la producción de gas en un 5 por ciento y de petróleo un 0,7.

Pero el gran desafío será consolidar un camino de mayor producción, para lo cual se necesitarán capitales externos que, según espera Cristina, podrían provenir de Petrobras, Exxon Mobil y la china Sinopec, entre otros emporios petroleros.

El gobierno ya empezó a darse cuenta de que se vienen nubarrones en materia financiera, pero confía en la estrategia de seguir echando mano de fondos de organismos como la ANSeS y del propio BCRA para cubrirlos.

El otro foco de optimismo en la Casa Rosada proviene, otra vez, de la suerte y el viento de cola: la soja alcanzó su nivel más alto desde julio del 2008 y ya cotiza a 550 dólares la tonelada, lo cual garantizará buenos ingresos por retenciones y las divisas necesarias para pagar deudas, al menos este año.

Desde el 2006, el gobierno ya tomó 31.400 millones de dólares de reservas para pagarle al FMI, a los organismos multilaterales y tenedores privados, y a cambio le entregó Letras del Tesoro con vencimiento entre 2016 y 2022.

Así, mientras se endeuda con el Banco Central, el Gobierno sigue así cancelando deuda pública con tenedores privados y organismos multilaterales.

El Central tiene títulos públicos y le dio "adelantos transitorios" al Gobierno por 22.000 millones de dólares, por lo que ya es el principal acreedor del Gobierno.

En una estrategia que busca robustecer su perfil de deuda, el Gobierno está seguro de que deberle al BCRA y a la ANSeS es preferible a endeudarse en los mercados internacionales, por las altas tasas de interés que debería pagar la Argentina, pero lo concreto es que en el mundo nadie le quiere prestar al país.

La duda es si la estrategia de seguir echando mano de las reservas y los fondos de la ANSeS, entre otros organismos, es sustentable en el mediano plazo.

El escenario se complica por los últimos datos que revelarían una desaceleración de sectores clave de la economía, como la venta de viviendas y la industria.

Por primera vez desde el 2008 un centro de estudios, en este caso la liberal Fundación FIEL, advirtió sobre una "recesión", y el mismo camino recorrerían otras fundaciones, más allá del escenario que dibuja mes tras mes el INDEC.

Esas advertencias, combinadas con una inflación que no cede, plantean interrogantes sobre el "modelo" que no se mencionaban desde el 2009, cuando el país ingresó en un parate de la actividad por la crisis mundial.