Existe el convencimiento en la dirigencia empresaria de que la debilitada situación en que quedó el camionero Hugo Moyano tras la violencia en San Vicente, podría tener un giro impensado.

En la reunión que la UIA realizó en Córdoba, los empresarios tuvieron confirmación de que se avecinan fuertes presiones por aumentos salariales.

Los jefes de las empresas creen que si logra sobrevivir al frente de la CGT, el líder de los camioneros, junto a otros gremialistas "pesados", prevé empezar a calentar motores en materia de reclamos salariales con el objetivo de llegar a marzo
del año próximo con un aumento cocinado superior al previsto.

Por eso, Héctor Méndez, el jefe de los industriales, salió a advertir que los acuerdos de precios son incompatibles con nuevos ajustes salariales.

También alertó que un año es "mucho tiempo" para mantener congelados los precios, tal vez por mandato de distintas cámaras que integran la central fabril, como las alimenticias de COPAL.

Para los empresarios, el gran riesgo de la puja gremial desatada en la CGT es que los jefes sindicales la trasladen a una competencia por ver quién logra un mayor aumento de sueldos.

En el gobierno querían acordar ya mismo un ajuste de salarios del 13 por ciento para todo el 2007, pero ahora que las aguas del sindicalismo están revueltas, el objetivo se tornó incumplible.

Mantener a raya los precios se transformó en cuestión de Estado en la Argentina, porque las autoridades económicas, en línea con lo que piensa el presidente Néstor Kirchner, consideran que todo el andamiaje del modelo en curso se derrumbaría si hay un desbande inflacionario.

Por eso, el trasfondo de muchas de las tensiones de los últimos meses es cómo sostener un crecimiento tan fuerte de la economía sin que se dispare el costo de vida, pero a su vez logrando una paulatina recomposición salarial.

La ecuación parece incapaz de resistir una mínima prueba de la teoría económica, porque está integrada por un cóctel que, a la larga o a la corta, es explosivo.

El gobierno hace lo que puede para evitar que alguna de esas variables se dispare, para lo cual aplicó un corsé llamado "acuerdo de precios".

En principio le fue útil, pero hay cada vez más efervescencia en la comunidad empresaria porque en distintos sectores aseguran que sus niveles de rentabilidad se están deteriorando.

Varias multinacionales de la alimentación debieron rendir cuentas en las últimas semanas ante sus casas matrices porque los números no están cerrando como quisieran los directorios de esas compañías.

Lo que quedó claro en la cumbre fabril de Córdoba es que son mayoría los industriales preocupados por la estrategia de contención de precios que aplica con mano de hierro el secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

Es que el secretario ya ni se preocupa en disimular su estrategia de apriete, e incluso utilizó ese término en varias de las últimas reuniones mantenidas con cámaras empresarias.

Tanta efervescencia puesta de manifiesto por Moreno para lograr sus objetivos exaspera a algunos empresarios, pero por ahora las quejas son en privado.

Entre las figuras empresarias de primera línea, el único que se anima a criticar con fuerza es Francisco De Narváez, pero con la salvedad de que, además de ser diputado nacional, está enrolado detrás de la candidatura aún no oficializada de Roberto Lavagna.

"Ministro sin cartera".

La relación entre el sector agropecuario y la ministra Felisa Miceli atraviesa un momento delicado.

Por eso desde distintas entidades agropecuarias dejaron de apuntarle los cañones al secretario de Agricultura, Miguel Campos, y cargaron las tintas directamente sobre su jefa directa.

La pelea más fuerte es con la Federación Agraria que conduce Eduardo Buzzi.

Desde allí acusan a la ministra de interrumpir la ayuda para los productores por decisión directa de su esposo, Ricardo "Pacha" Velazco, a quien sindican como un "ministro sin cartera".

Varios dirigentes agropecuarios aseguran que Velazco "hace y deshace" en el Palacio de Hacienda, e incluso cuentan una anécdota con nombre y apellido.

Según aseguran desde la Federación Agraria, durante una reunión mantenida semanas atrás con el secretario de Agricultura, Miguel Campos, sonó el teléfono de la oficina y llegó una "orden" directa del propio Velazco.

Esa orden fue "nada para Buzzi", en alusión al titular de la Federación Agraria a quien se le estaban por asignar partidas de apoyo para los productores.

Buzzi acusó a la funcionaria de tomar partido por la corriente 25 de Mayo -conducida por el Pacha Velasco- en lugar de "escuchar a la gente y a las organizaciones".

Sucede que la organización que conduce Velasco mantiene un enfrentamiento con Federación Agraria por las políticas para el sector.

Miceli tomó nota de las tensiones con el agro, y por eso convocó a distintas entidades con las cuales se reunirá en la semana.

En la lista de cámaras que recibirá se encuentra Confederaciones Rurales Argentinas, una de las entidades más críticas hacia la política oficial.

El encuentro será el jueves, un día antes de que CRA realice su Congreso en el cual podía llegar a discutirse un nuevo paro.

La ministra quiere hablar con las entidades sobre el Plan Productivo que pretende aplicar para sostener el crecimiento durante el 2007.

Pero deberá escuchar un rosario de quejas de parte de los productores.

Desde la Rural, por ejemplo, le dirán que la política que está aplicando el gobierno en el sector triguero es "suicida".

Y habrá fuertes reclamos de parte de las entidades por el tema del gasoil: le dirán a Miceli que mientras el gobierno machaca con que no hay inconvenientes, productores de distintas provincias deben penar a diario para conseguir a cuentagotas ese combustible, clave para levantar la cosecha.