La dinámica de la ofensiva kirchnerista sobre Repsol YPF parece haber ingresado en un punto de difícil retorno, aunque algunas variables clave amagan irse de las manos de la presidenta Cristina Fernández.

La jefa de Estado deberá definir el futuro de la principal compañía que opera en la Argentina ante la atenta mirada de una España preocupada y presiones de las provincias petroleras que buscan cambiar la ecuación del negocio de hidrocarburos en el país y girar hacia un ultranacionalismo de consecuencias inciertas.

En sectores del empresariado empiezan a advertir sobre el riesgo de que las posturas extremas fogoneadas por gobernadores como Martín Buzzi (Chubut) y Daniel Peralta (Santa Cruz), que quieren asestarle el golpe virulento a los ingresos de la petrolera, encuentren finalmente eco en una Casa Rosada que parece haber perdido parte del control de la situación ante el entusiasmo de provincias por llevarse puesta a la petrolera.

Los gobernadores se muestran dispuestos a desarmar todo el andamiaje armado para la petrolera cuando ingresaron los argentinos del Grupo Eskenazi, diseñado en su momento por Néstor Kirchner y su hombre de confianza, el ministro de Planificación, Julio De Vido -ahora con menos poder en medio de un gobierno de Cristina Fernández captado por renovadas ideas ´nacionalistas´ y dispuesto a echar mano de cuanto recurso pueda fagocitar en pos de evitar un desmadre mayor de cuentas públicas que van en franco deterioro.

El futuro de la principal compañía del país ingresaría en terreno de definiciones la semana próxima, cuando los gobernadores esperan tener armado el entramado de empresas que se harían cargo de las enormes áreas que pretenden quitarles a YPF, mucho más significativas que la poco más de media docena retiradas hasta ahora, ya que representan el 22 por ciento de su producción.

Se espera para esos días el arribo al país del número uno de Repsol YPF, Antonio Brufau, en lo que podría ser su último viaje a esta tierra como presidente de la petrolera.

Se especula con que Brufau haga gestiones de último minuto para impedir decisiones que a esta altura serían irreversibles a juicio de las provincias.

Brufau llegará con fuerte respaldo del gobierno español, que en medio de su crisis y de un plan de ajuste sin precedentes, prometió apoyo total a los accionistas ibéricos de la petrolera argentina.

Hasta ahora poco y nada es lo que ha podido hacer el presionado gobierno conservador de Mariano Rajoy para frenar las embestidas sobre una de sus principales compañías.

Por ello, se espera que Brufau traiga consigo una advertencia que estaría dispuesta a poner sobre la mesa como última carta en caso de ser necesario.

El por ahora mandamás de Repsol YPF dejaría trascender que el gobierno ibérico tiene decidido avanzar con "represalias económicas y políticas", si prospera el plan de reestatizar la petrolera.

Hasta ahora es poco lo que la comunidad internacional -llámese FMI, CIADI o Banco Mundial- ha podido hacer para frenar decisiones de la administración kirchnerista que caen como golpes bajos para el mundo desarrollado.

Más repercusión vienen teniendo los duros editoriales de influyente diario español El País criticando a la Argentina, que las gestiones "diplomáticas" de países como Estados Unidos o España para torcer decisiones argentinas vinculadas con el pago de deuda y, ahora, el futuro de Repsol YPF.

Brufau arrancaría su visita con mensajes conciliadores y, en ese marco, diría que Repsol está dispuesta a hacer su aporte para paliar una crisis energética que, según números de la oposición, obligará este año a importar combustibles por 12.000 millones de dólares para evitar cortes en el suministro de gas, de acuerdo con lo calculado por el líder de Proyecto Sur, Fernando ´Pino´ Solanas.

Si esa cifra se confirma, significaría un aumento de casi el 30 por ciento frente a los 9.300 millones de dólares importados durante el 2011 y un golpe duro para las pretensiones de Guillermo Moreno de achicar las importaciones.

Como condición, el titular de Repsol pedirá que el gobierno argentino respete las inversiones españolas en la Argentina, empezando por la propia petrolera, que según un proyecto oficialista se pretende estatizar.

Entre las alternativas que barajaría Repsol figura la opción de permitir una apertura del paquete accionario a la participación estatal, aunque no con el 33 por ciento que imaginó el ascendente viceministro de Economía Axel Kicillof.

Insistirá, además, en que a juicio de la petrolera la exigencia de no remitir utilidades al exterior fue subsanada a través del mecanismo de capitalizar esos fondos en el país por parte de los accionistas.

En línea con lo que idean las provincias patagónicas, Brufau se mostraría permeable a estudiar un plan de inversión que permitiría a las cinco petroleras (Exxon -la preferida por el kirchnerismo), Total, Shell, Petrobras y el gigante chino Sinopec, de buen diálogo con la Casa Rosada.

Tras esa propuesta, a juicio de los principales accionistas de YPF ya no quedarán más excusas para alcanzar una salida, y lo contrario dejaría al descubierto que lo que en realidad buscan Cristina y los gobernadores alineados con ella es dar marcha atrás con la privatización de YPF, muy cuestionada cuando se produjo a fines del gobierno de Carlos Menem.

Cerca de la siempre hermética Casa Rosada parece importar poco lo que Brufau tenga para decir y creen que ya no tiene retorno el plan de expropiación de YPF impulsado por Kicillof y que se basaría en parte en una ley promulgada durante la dictadura militar.

La nueva Ley de Inversiones Extranjeras Nº 21.382 fue sancionada y promulgada por el Poder Ejecutivo el 13 de agosto de 1976 -cinco meses después del Golpe de Estado- con el objeto de complementar la inversión nacional y el financiamiento externo y, de ese modo, "reducir el costo social del proceso de capitalización del país y acelerar su tasa de crecimiento".

La nueva norma estableció pautas para la radicación de inversiones extranjeras (algunas requerían autorización del Poder Ejecutivo, otras de la autoridad de aplicación y un tercer grupo podría registrarse automáticamente), y para la remisión de utilidades y beneficios al exterior, un tema ahora desesperante para el kirchnerismo.

La Ley 21.382 fue reglamentada a principios de 1977 por medio del Decreto Nº 283 de la Presidencia de la Nación (de facto).

Esta reglamentación explicitó los criterios de evaluación que deberían utilizarse para aprobar radicaciones, para la gestión de las inversiones y reinversiones, y la ejecución de las funciones de la autoridad de aplicación.

Según esa norma, los criterios que definirían aprobar o no una propuesta de inversión serían la incidencia en el balance de divisas -clave para Moreno-, incremento de las exportaciones, desarrollo de nuevos mercados externos o ampliación de los existentes.

También la disminución de las importaciones, otro punto central para las necesidades de caja del kirchnerismo.

En otro punto que interesa a las provincias, la ley exige tener en cuenta el crecimiento económico regional.

Las cartas parecen estar echadas y sólo resta esperar para ver cómo el kirchnerismo intenta reestatizar parte de YPF, cuyas acciones han venido perdiendo valor en forma dramática ante esta ofensiva.

La gran duda que flota en el ambiente es de dónde piensa sacar los dólares para hacerlo, en un momento de sequía inédita de divisas desde que los Kirchner se hicieron del poder en la Argentina en mayo de 2003.