La pelea entre el gobierno y Repsol YPF amaga con dañar el patrimonio de la principal compañía que opera en el país y una de las que más trabajo genera. El rol de 'comisario político' de Axel Kicillof (foto)
Tal vez por el espíritu autodestructivo que siempre se le endilgó a los argentinos, la pelea in crescendo entre el gobierno y Repsol YPF amaga con dañar el patrimonio de la principal compañía que opera en el país y una de las que más trabajo genera: 30.000 empleos en forma directa o indirecta. YPF es líder en la actividad de exploración y producción de hidrocarburos, refino y química, el principal inversor y el segundo mayor exportador.
A pesar de eso, como ocurrió hasta hace poco con Techint, la segunda más importante, el gobierno kirchnerista la tiene en la mira.
La Casa Rosada asegura que le sobran razones para cuestionar la falta de inversiones de la empresa, a la cual acusa de haber obligado a la Argentina a importar más de 9.000 millones de dólares en combustibles durante el 2011, con el consiguiente esfuerzo de divisas, en medio de una feroz fuga de capitales que se sostiene con el respirador artificial del cepo a la compra de dólares.
También la acusa de haber priorizado las ganancias de sus accionistas, sobre todo los españoles pero también los argentinos de la familia Eskenazi que tienen el 25 por ciento de las acciones, en lugar de haber destinado utilidades a reinvertirlas en mayor exploración y producción.
Los gobernadores, cada vez más alineados con la Rosada entre otros motivos por la necesidad de obtener fondos de coparticipación indispensables para evitar incendios en sus distritos, recordaron entonces que existía algo llamado Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), que según un ex secretario de Energía hacía 10 años que no se reunía.
A la cabeza se puso el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, quien obtuvo un triunfo en elecciones controversiales como delfín del opositor Mario Das Neves y, a los pocos meses brincó hacia el kirchnerismo como el más entusiasta ultra K.
Desde el sector petrolero causa preocupación cierta tendencia a la sobreactuación que le endilgan a Buzzi, y que sería compartida por otros gobernadores como el de Mendoza, Francisco "Paco" Pérez, y el de Santa Cruz, Daniel Peralta, pero lo concreto es que esos dirigentes dicen estar defendiendo los intereses de los pueblos de sus provincias, y así justifican que ya le hayan quitado ocho áreas de explotación a la empresa.
Como primera consecuencia, esta disputa sin precedentes entre el gobierno y la petrolera -que hasta llevó al rey de España a intervenir- impacta ya sobre variables clave de la mayor empresa argentina, mientras el mercado aún trata de entender qué quiso decir el jefe de Gabinete kirchnerista cuando sostuvo que no se persigue "ninguna cosa rara" con esta clara ofensiva.
Juan Manuel Abal Medina -un politólogo que supo ganarse el cariño de Néstor Kirchner pero está alejado de las lides petroleras- dijo un día que el gobierno no estaba detrás de una idea para nacionalizar los hidrocarburos, lo cual pondría en pie de guerra a los propios gobernadores que hoy aplauden a rabiar cada palabra de Cristina Fernández.
"No estamos detrás de ningún cosa rara, sólo queremos que YPF produzca más", sostuvo Abal Medina esta semana, sin aclarar muy bien el significado de qué sería esa "cosa rara".
Sin embargo, al otro día pareció volver algunos pasos y dijo que todas las posibilidades estaban abiertas, incluida la nacionalización.
Así, las acciones que un día habían subido 9 por ciento por sus palabras, al otro día volvieron a derrumbarse, en una parábola de cómo se entremezcla cierta impericia política del gobierno con la especulación que caracteriza desde el inicio de los tiempos al dinero y los mercados.
A eso se sumó que la agencia de calificación crediticia Fitch -siempre susceptible a los cambios de humor de los gobiernos- rebajó la nota a largo plazo de Repsol YPF.
A Fitch le disgustó que el grupo debiera optar por transformar en acciones sus dividendos del 2011, para tratar de contentar al gobierno kirchnerista, que igual reaccionó en forma negativa a ese cambio, ya que inicialmente esos fondos iban a ser distribuidos entre los accionistas.
El grupo hispanoargentino defiende que con esta decisión los dividendos no saldrán de Argentina, pero la Casa Rosada igual la rechazó por considerar que no garantiza una mayor inversión.
Así, desde el año pasado el grupo empresarial más importante de la Argentina, que anunció inversiones por 15.000 millones de pesos para este año, viene perdiendo consistencia en medio de los constantes embates del oficialismo.
El kirchnerismo, con Néstor Kirchner en vida, ya había toreado y amenazado con sanciones y boicots a Shell, con la cual mantiene una fuerte distancia.
En cambio, mantiene un excelente trato con Oil, la compañía creada por el empresario kirchnerista Cristóbal López, y con Esso, cuyos máximos directivos fueron recibidos esta semana por los Ministerios de Planificación y de Economía, incluido el viceministro del Palacio de Hacienda, Axel Kicillof, quien parece pisar fuerte en la política petrolera.
A esta altura de los acontecimientos, quienes deciden en el mundo del dinero tienen una sola pregunta: ¿madura un germen antiempresario dentro del gobierno?