A pesar de que la economía sigue creciendo y de que las principales variables parecen estar bajo control, no debería escapar al gobierno la necesidad de aplicar sintonía fina para ajustar nudos que claramente se están aflojando, y a un ritmo que, en el caso de los precios, viene siendo preocupante desde hace meses.

Con su sinceridad brutal, el secretario de Comercio Interior suele despedir por estos días a su interlocutores con la misma frase: "Esto queda congelado hasta octubre, ¿se entiende no?".

Así, quienes fueron a pedir aumentos de precios, suba en las cuotas de las prepagas, liberación de exportaciones, y distintos calvarios, se fueron en general con las manos vacías, haciendo cuentas sobre cuándo llegarán las soluciones.

La impresión que se llevan los empresarios tras retirarse con su rosario de lamentos a cuestas es que la Casa Rosada está convencida de que Cristina será reelecta en primera vuelta, y que por ello después de las presidenciales del 23 de octubre próximo
se podrían atender todos los reclamos pendientes.

La preocupación empieza cuando alguien les hace notar que, con el resultado electoral adverso en la Ciudad de Buenos Aires, la posible derrota en Santa Fe, y con José Manuel de la Sota manteniendo un tono diferenciador del kirchnerismo en Córdoba,
todavía la oposición parece dispuesta a dar pelea.

Un tema central de la agenda económica que el gobierno comienza a admitir está vinculado con la indisimulable fuga de capitales.

En el primer semestre se fueron del sistema unos 10.000 millones de dólares, casi lo mismo que en todo el 2010, y la tendencia no cede.

Tal vez por ello, en un hecho casi inédito para su gestión, la Presidenta admitió un problema, cuando salió a reclamar que los argentinos no apuesten al dólar.

En la Bolsa de Comercio, Cristina pidió, con buen tino, canalizar la inversión hacia las empresas locales, y llamó a "decirle a los argentinos que no hay que apostar al dólar".

La frase terminó siendo desafortunada, porque enseguida se la vinculó con el reclamo del ministro de Economía del gobierno militar Lorenzo Sigaut, quien dijo en su momento que "el que apuesta al dólar pierde", días antes de que una megadevaluación
hiciera otra vez estragos en los bolsillos de los argentinos.

Más que tratar de indicarle a los ciudadanos lo que deberían hacer con sus finanzas, convendría que la Presidenta se preguntara cuál es la razón por la que los argentinos, aún los humildes, se refugian en el dólar como medio de protección de sus ahorros.

También preguntarse cuál es la razón por la cual todos los inmuebles -e incluso muchos autos- en la Argentina se venden en dólares.

Hacer que los argentinos empiecen a confiar en su moneda parece ser más un trabajo de recuperación de la confianza y de aplicación de un sistema amigable y respetuoso de las inversiones, más que el voluntarismo del reclamo o el reproche, que en esta gestión abundan.

Un punto clave está vinculado con el retraso cambiario que tendría que la divisa estadounidense, y que ya está poniendo nerviosos a los industriales y exportadores.

Ajustar el dólar -o depreciar el peso- es otro de los temas pendientes que seguramente quedará para después de las elecciones, ya que hacerlo ahora haría ruido sobre la inflación.

Pero el problema del dólar, ahora admitido por la Presidenta, es uno pero no el único de los que parecen estar pateándose para adelante.

Ya varios especialistas alineados con el gobierno, e incluso ex ministros de Economía del kirchnerismo, están advirtiendo sobre la necesidad de aplicar un plan gradual para bajar la inflación, pero alertan que no se debe buscar aplicar un "derrumbe brusco" de los precios.

Lo concreto es que desde hace rato no quedan agentes económicos que se orienten por el costo de vida que informa el INDEC, del 10 por ciento anual, y en cambio hace sus cuentas con una inflación del 20 por ciento o más.

El problema para el gobierno es que desde que los precios comenzaron a dispararse, puso más empeño en ocultar el problema que en ponerse a pensar cómo solucionarlo.

Algo similar ocurre con el problema de los subsidios, que está directamente vinculado con las tarifas.

Con subsidios por más de 70.000 millones de pesos para energía, transporte y otros sectores presionando sobre los recursos del Estado, al gobierno no le quedará otra que repensar el esquema tarifario.

Todo indica que la salida pasará por blanquear las tarifas para los sectores de mayor consumo, pero tal vez también pasar a un esquema por el cual se dejará de subsidiar la oferta para hacerlo con la demanda.

Lo que surge con claridad es que son numerosos los temas pendientes en materia económica, y que si no se notan más sobre el ánimo de la opinión pública es porque un ingreso multimillonario producto de los dólares de la soja disimula las tensiones de un modelo que todavía no termina de cerrar.