El conflicto comercial con Brasil, que complicó al sector automotriz, el segundo más pujante de la economía argentina detrás del complejo agroindustrial, amaga perjudicar la estrategia del gobierno de mantener a raya los conflictos hasta los comicios
presidenciales del 23 de octubre.

Por estas horas se evalúa si no terminó siendo contraproducente la reacción de frenar importaciones y despertar al gigante del Mercosur en una escalada de puja comercial.

En febrero último, la Argentina aumentó 50 por ciento la cantidad de productos incluidos en el régimen de licencias no automáticas, un eufemismo inventado por la Organización Mundial del Comercio para posibilitar que los países demoren el ingreso de importaciones cuando su balanza comercial se encamine al rojo.

A esto se sumó la exigencia a las terminales argentinas para compensar 1 a 1 sus importaciones con fabricación local y ventas al exterior.

Este reclamo se ejerció bajo presión, ya que primero se les trabó el ingreso de autos de alta gama, que representan un interesante nicho de negocios para las automotrices.

Todas las terminales presentaron sus planes de aumento de producción y de exportaciones, y de a poco el gobierno les fue liberando el grifo para que eso vehículos de lujo ingresen al país.

Pero a las pocas semanas el escenario se complicó con Brasil, cuando el gobierno de Dilma Roussef impuso licencias no automáticas nada más y nada menos que al sector automotriz.

Ya son 7.000 los autos producidos en la Argentina que tienen trabado su ingreso al principal mercado mundial al que le vende el país.

En las casas matrices de las terminales con presencia en la Argentina, la mayoría en Europa, se sobresaltaron con el conflicto.

Los número uno de los fabricantes de autos llamaron a sus delegados en la Argentina para preguntarles cómo podía ser que primero les trabaran el ingreso de vehículos importados y luego también se les terminara frenando la exportación.

Las respuestas desde Buenos Aires tuvieron distintos matices pero casi un único eje: hablaron de impericia por parte de la administración argentina al no medir la reacción que podía tener Brasil.

La industria automotriz viene haciendo un delicado equilibrio entre los socios mayores del Mercosur.

A un lado y otro de la frontera las empresas de autos son las mismas, y por eso diseñaron un esquema que busca mantener contentas a ambas partes, atendiendo que en el caso de Brasil se trata de un mercado de 200 millones de habitantes, y que el de
Argentina tiene sólo 40 millones.

Pero ese "equilibrio" no estaba dando resultado para la Argentina, cuya balanza comercial con Brasil arrojaría este año un déficit de 6.000 millones de dólares, y eso se convirtió en el eje de la reacción de la Casa Rosada.

El gobierno brasileño también tiene severas preocupaciones: el país afronta una desaceleración de la actividad fabril y los exportadores presionan a Rousseff por el atraso en el tipo de cambio, el mismo que posibilita que decenas de miles de brasileños se paseen por las calles argentinas en medio de un boom turístico.

El problema político es que la reacción brasileña llegó en momentos en que la Argentina se encamina a una nueva batalla electoral.

A fines de junio cierran las listas de candidatos presidenciales, en agosto habrá internas para definir quiénes competirán en los comicios nacionales, y el gobierno está apurando el paso para llegar a esas elecciones con la menor cantidad de frentes de conflicto abiertos.

La inflación, la fuga de capitales, el conflicto comercial con Brasil y un cuadro social cada vez más demandante de fondos son parte de los problemas que podría capitalizar una oposición que no encuentra un eje que le permita confrontar con el gobierno de Cristina Fernández.

A esto se suma cierta presión cada vez menos disimulada de exportadores argentinos para devaluar el peso.

Esa devaluación ya se está dando en el mercado paralelo, donde el dólar superó los 4,40 pesos, cuando en el sector formal se vende a 4,12.

Con casi 52.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central, en el gobierno consideran imposible que el mercado intente torcerle el brazo al Banco Central y provocar una disparada de la divisa estadounidense.

Pero la fuga de más de 6.000 millones de dólares que se habría producido en los primeros cinco meses del año enciende un alerta amarillo que no pasa desapercibido para la Casa Rosada.