Las principales empresas del país se encuentran en estado deliberativo tras ser sorprendidas con el decreto de necesidad y urgencia que abre la puerta a aumentar la cantidad de directores en las compañías donde el Estado heredó participaciones accionarias luego de estatizar el sistema jubilatorio.

Las más reacias a aceptar la mayor injerencia estatal sostienen que inundar de directores del Estado las empresas sería como "dormir con el enemigo".

Es que el Estado se enteraría de inmediato de datos sensibles de las compañías, e inclusive de información vinculada con la estrategias que, de trascender, podrían perjudicarlos ante la competencia.

"¿Quién garantiza que un director del Estado no pueda informar lo que planea una empresa a otro que tiene el mismo rango en alguna compañía competidora?", se preocupaba un empresario afectado por la medida.

La jugada oficial generó sorpresa y malestar en el mundo empresario, convencido de que no se trata de una medida aislada sino del inicio de una escalada de intervencionismo estatal de consecuencias imprevisibles.

Prueba de ello es la decisión de la CNV, dominada por el ultrakirchnerista Alejandro Vanoli, de declarar nula la asamblea de Siderar y adoptar el mismo criterio con todas las que no acepten el ingreso de más directores de la ANSeS.

Buena parte del capital del kirchnerismo fue construida sobre la base de su capacidad de sorprender al adversario, y en este caso la jugada tuvo el sello inconfundible de un estilo de gobierno que hizo de la confrontación permanente un sistema de
construcción de poder político y económico.

La ofensiva también tomó por sorpresa a los partidos de la oposición, a esta altura probadamente tibios para lidiar con un gobierno que busca imponer en forma hegemónica un modelo sin siquiera preocuparse en buscar consenso alguno ni dejar resquicio al debate.

Hace tiempo que el kirchnerismo gobierna con la política de hechos consumados sin abrir la más mínima puerta para la consulta o el diálogo, una herramienta pragmática a la hora de ejecutar políticas, pero de dudosa consistencia si lo que se busca es poner en marcha políticas de Estado de largo aliento.

El jefe del bloque radical en el Senado, Gerardo Morales, salió a advertir sobre el "riesgo" de que los nombramientos de directores en las empresas se utilicen para ubicar a nuevos integrantes de La Cámpora, la agrupación ultrakirchnerista
identificada con un setentismo controversial y nostálgico, que ganó terreno en cargos públicos en los últimos meses.

En la Casa Rosada es un secreto a voces que cada integrante de La Cámpora responde políticamente a distintos referentes del poder, sean ministros, secretarios de Estado y hasta funcionarios bonaerenses.

El titular de la ANSeS, Diego Bossio, prometió que el objetivo de los representantes del Estado será "mejorar las ganancias de las empresas para resguardar el patrimonio de los trabajadores", pero no supo explicarle a los legisladores por qué se cambió una
ley por decreto, en lugar de enviar el proyecto al Congreso.

Tampoco supo responder cuál fue la razón de la urgencia del decreto que eliminó el tope del 5 por ciento a la representación en los Directorios, ante una consulta de Fernanda Reyes, diputada de la Coalición Cívica.

Menos cándidos que algunos legisladores, los empresarios creen saber cuál es la razón de fondo que persigue el gobierno con esta medida: buscar meterse de lleno en las decisiones económicas de 42 empresas que están entre las que más facturan en la Argentina.

Razonan que el modelo económico necesitará de "combustible" para sostenerse. Para ello deberá tener el mayor poder de decisión posible y alinear a los principales jugadores del escenario económico detrás de sus postulados.

Para acentuar aún más los temores empresarios, en medio de la presión por la puja para designar directores del Estado en Techint, el jueves dos plantas de la empresa sufrieron piquetes gremiales.

¿Acaso la estrategia oficial sería actuar en tándem con el sindicalismo? ¿La moneda de cambio podría ser incluir a dirigentes gremiales como directores del Estado?

Toda pregunta parece válida por parte del sector privado a la hora de especular sobre el objetivo final que perseguiría el oficialismo.

Para el radical Ricardo Gil Lavedra, "el decreto que modificó el tope del 5% es de una manifiesta inconstitucionalidad, dado que falta el elemento fundamental que habilita el dictado de esos instrumentos excepcionales: la urgencia".

Desde la UIA, Daniel Funes de Rioja sostuvo que la decisión apunta a cogestionar las empresas cuando en realidad lo que el Estado tiene que hacer es controlar y no gestionar. Hemos pedido al Gobierno que revise esta decisión".

El DNU controversial elimina una cláusula sin la cual la estatización de las AFJP tal vez no habría sido aprobada: la que establece que, cualquiera que fuera su posición accionaria, el Estado no tendría derecho a una representación superior al 5% en la conducción de las empresas.

En medio de la confusión general, cierta ingenuidad pareció alcanzar también a algún directivo de una gran compañía que hizo el siguiente razonamiento: "Teniendo al Gobierno dentro de la empresa, podremos protegernos mejor de su arbitrariedad".

Rápidamente, otro directivo que participaba de la discusión lo hizo despertar con el siguiente dato: la ofensiva oficial no termina con el tema de los directores, recién comienza.

Contó que el Gobierno analiza la posibilidad de modificar la ley de sociedades para ampliar atribuciones de los directores que representan al Estado en las empresas, con el argumento de que son los depositarios del "interés general".

Si esa sospecha se concreta, el objetivo de la ofensiva sobre el sector privado aparecerá más claro.

La defensa de los intereses de los trabajadores será la forma de revestir un objetivo de fondo y que parece más funcional al "modelo": vulnerar la resistencia de algunas grandes empresas y sumarlas de prepo a cumplir con las necesidades políticas del
kirchnerismo, reelección incluida.

En esa línea también se anotarían las versiones cada vez más insistentes de que el gobierno aspira a asumir el control del mercado de granos, el sector que aporta las divisas necesarias para sostener el modelo.

Más allá de consideraciones políticas, todo indica que la ofensiva de la Casa Rosada sobre el sector empresario terminará en manos de la Corte Suprema de Justicia, porque se vienen varias presentaciones ante la Justicia por parte de las compañías.