Mantener el consumo a buen ritmo inyectando liquidez y no desarmar por ahora la bomba de tiempo de los multimillonarios subsidios son decisiones tomadas por la presidenta Cristina Fernández, al menos hasta lograr el objetivo de alcanzar la reelección en octubre próximo.

Nunca un gobierno perdió una elección en la Argentina con una economía en crecimiento y el consumo vibrante, y el cristinismo considera que esa regla de oro se mantendrá en las presidenciales que vienen.

Hasta la oposición parece desinteresada en llegar al poder, tal vez por no estar dispuesta a desarmar esa "bomba" indescifrable, y teme no poder gobernar un país donde, con una inflación del 25 por ciento anual, un ejército de personas está dispuesto a tomar la calle en cuanto le saquen el más mínimo subsidio.

Los precios récords de los commodities y la demanda automotriz desde Brasil proveen el flujo de dólares suficiente para mantener las tarifas congeladas, y permiten distribuir subsidios a manos llenas, despilfarrar miles de millones de pesos en Aerolíneas, sostener el pan y circo del Fútbol para todos a costa de más de 700 millones de pesos anuales o financiar con fondo millonarios el funcionamiento de medios de comunicación para-oficiales.

Al menos hasta fin de año, esas políticas se mantendrán, porque de lo contrario, a esta altura del partido, pondría en riesgo la certeza de ganar en primera vuelta, especulan en la Rosada.

El embrollo de subsidios cruzados de la economía, con asignaciones cada vez más ineficientes de recursos y manejo discrecional de la plata, hizo que sólo en el 2010 se destinaran 48.000 millones de pesos con ese fin, 47 por ciento más que en el
2009, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

Ese fuerte incremento del gasto en subsidios estuvo impulsado fundamentalmente por el sector energético, que a lo largo del año pasado rondó los $ 26.000 millones, un 63% más que en 2009.

Otro sector que mostró un fuerte impulso en 2010, aunque con una incidencia mucho menor que el primero, fue el de las empresas públicas no vinculadas al transporte ni a la energía, que absorbió en el año un total de $ 4.143 millones, una cifra 79% superior a la de 2009).

Más moderado, las asignaciones al transporte demandaron durante el 2010 cerca de $ 10.850 millones en concepto de subsidios (+23%).

Los aportes del Tesoro al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte se ubicaron ($ 5.734 millones), principalmente para compensar los incrementos de los costos de las empresas de servicios de transporte público automotor de pasajeros de carácter urbano e interurbano.

Por otro lado, las asignaciones para gastos de explotación y de inversión a favor de los concesionarios de trenes y subtes del área metropolitana fueron de $ 2.980 millones), las transferencias a Aerolíneas Argentinas ($ 2.255 millones), y al Ferrocarril General Belgrano ($ 1.123 millones).

Un dato que llama la atención es que durante el Ejercicio 2010, la Administración Nacional destinó un total de $ 34.091 millones en materia de subsidios sociales, lo que constituye un 37% más que lo gastado un año atrás (+$ 9.248 millones).

Lo que a primera vista surge como un hecho positivo, la mayor ayuda social, desnuda una contradicción sorprendente: el modelo productivo, aún creciendo a tasas del 9 por ciento anual, no puede paliar los crecientes bolsones de pobreza y marginalidad que se
van cristalizando en la Argentina, en especial en la periferia de los centros urbanos.

Lejos de aplacarse, la conflictividad social parece ir en ascenso, y en un año electoral puede tener un caldo de cultivo ideal.

La sensación de pérdida de autoridad y de un desprecio cada vez mayor por el derecho de propiedad, es motivo de preocupación.

Las tácticas de acción directa, cada vez más arraigadas en vastos sectores sociales, se ilustran con panoramas desoladores como los observados el jueves último.

Al mismo tiempo que un centenar de familias pobres usurpaba viviendas en Parque Avellaneda, unos 400 piqueteros se apoderaban de toda la avenida Alem, en la tradicional protesta frente al Ministerio de Trabajo.

Llama la atención la gimnasia que van adquiriendo estos reclamos, cada vez más organizados y de connotación violenta.

El jueves, a las 15, Alem estaba rodeada por una formación estilo militar que, con sus caras encapuchadas y palos en las manos, mantenía posición firme a lo largo de las calles Tucumán y Viamonte, sin que autoridad alguna la cuestionara.

Hace tiempo que la Argentina perdió el rumbo en materia de protestas, y si bien la presidenta insinuó algunos intentos tímidos para frenarlas, la Casa Rosada parece conformarse con tratar de correr los reclamos hacia la Jefatura de Gobierno
porteña, habitual escenario de escraches varios.

La Casa Rosada se mantiene a buen resguardo con un vallado más digno de épocas de guerra que de administraciones democráticas, en una señal clara de que algo está fallando en el modelo de inclusión social.

Las usurpaciones de tierras y viviendas, sean fogoneadas por punteros políticos o por organizaciones autogestionarias formadas al calor de la miseria en las villas, van en línea con la aparición de carteles sobre los cuales ya se advirtió desde esta
columna hace meses.

"Ni gente sin casa, ni casas sin gente", advertían esos grafitis prolijamente pintados en toda la zona céntrica y bien visibles, por ejemplo, en el Cabildo.

Las invasiones de propiedades por parte de gente con poco para perder no es sólo un fenómeno del Parque Avellaneda o de otras zonas de la Capital.

Vecinos de La Matanza viven alarmados porque deben convivir a diario con la posible ocupación de sus casas si las dejan demasiado tiempo sola, en hechos que ya superan la inseguridad y parecen encaminarse a una lógica de construcción de supuestos
derechos adquiridos por el hecho de ser pobre.

Estas nuevas ideas, que parecen anidar en algunos sectores "progresistas" -recordar el manual del tomador de tierras elaborado nada menos que en la propia UBA-, corren el riesgo de radicalizarse y poner en duda el principio mismo del derecho de
propiedad, muchas veces confiscado en la Argentina.

Y cuando se habla de derecho de propiedad no se alude a la idea de si a los grandes hacendados les corresponden o no muchas de las tierras que detentan, sino a un concepto más básico pero caro al sentimiento de las familias trabajadoras argentinas.

El riesgo de que la desidia del Estado en imponer la ley y el orden termine habilitando una ley de la selva donde millones de hogares comiencen a sentir que el esfuerzo que hicieron durante toda la vida se les puede esfumar de las manos en medio de un temerario e irresponsable juego político.