Ante un año electoral que se va recalentando, el gobierno de Cristina Fernández parece decidido a mantener su estrategia neutra ante dos fuerzas que van cobrando mayor dinámica y avanzan hacia una colisión riesgosa: la eterna puja entre salarios y precios.

De un lado se posicionan la CGT y la CTA, la primera decidida al menos a no perder poder adquisitivo ante la escalada de precios y reclamar ajustes de sueldos del 25 por ciento promedio, y la segunda encaminada a exigir aumentos aún mayores, de entre 30 y 35 por ciento, que pueden afectar en especial las arcas públicas.

Es que en la CTA tienen fuerte presencia los gremios estatales y los docentes -pidieron 35 por ciento en la primera paritaria del año-, y si bien esa central atraviesa una fuerte división, se espera que los reclamos de aumentos salariales sean similares.

Del otro lado, poderosos sectores empresarios parecen dispuestos a profundizar la recomposición de márgenes de utilidad -alentada por una emisión sin freno del Banco Central para mantener la temperatura de la economía- que parece no haber alcanzado aún un techo.

Esa remarcación encarada por los formadores de precios cuenta, en casos puntuales, con el aval del propio gobierno, beneficiando a sectores específicos, como los vinculados a la alimentación, la medicina prepaga y la telefonía celular, entre otros.

Es un secreto a voces en el mercado que un poderoso grupo azucarero de la Argentina llegó a un acuerdo con la Secretaría de Comercio para poder poder dominar casi a voluntad el mercado.

También llama la atención la militancia del Ministerio de Planificación Federal contra una petrolera a la que hasta llamó a pedir un boicot.

Así, se persigue con puño de hierro a la petrolera Shell, al Grupo Techint y a CableVisión, pero parece no usarse la misma vara a la hora de favorecer a sectores afines en la obra pública, en el juego, la minería y la energía.

La política de subsidios sólo sirvió para sumar ingredientes confusos entre las fuerzas del mercado.

Con subsidios a trenes, subtes, colectivos, electricidad, gas y petróleo, para nombrar a los más importantes, es imposible determinar cuál es la situación real de la economía y, sobre todo, cuáles son los precios.

De esa distorsión se aprovecha también el INDEC, cuyos datos sirven de poco para saber cuál es la temperatura de la Argentina.

La negación de la realidad, una tentación para todos los gobiernos, llevó ahora al secretario Guillermo Moreno a impulsar la desaparición de uno de los pocos termómetros que, con sus limitaciones, permitía saber lo que estaba ocurriendo con algunas variables de la economía.

Si prospera la ofensiva de Moreno contra las consultoras, varias pueden desaparecer en medio de las trabas burocráticas que les preparó el funcionario y las posibles multas que se les podría aplicar.

Algunas consultoras parecen decididas igual a dar batalla, y así fue como el Estudio Bein, uno de los más prestigiosos del mercado, no tuvo empacho en informar que la inflación de enero fue del 1,8 por ciento, mientras que un camino similar tomó Ecolatina, con un nivel de suba de precios del 2 por ciento.

El 11 de febrero, el INDEC dará sus números, que seguramente representarán la mitad de lo informado por el sector privado.

Pero más allá del inefable Moreno, el problema de la puja de precios y salarios deberá ser resuelto por el liderazgo de la Presidenta, quien hasta el momento no ha avanzado para poner marco a un conflicto altamente sensible en vísperas electorales.