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Por José Calero
Sin orden, no puede haber progreso en la Argentina
25 de diciembre de 2010
Tras la breve interrupción del 2009, la Argentina retomó este año rápidamente el ritmo de crecimiento a tasas chinas, pero a pesar de ello la conflictividad social continúa presente y provoca preocupación entre quienes deben poner su capital en
estas tierras del sur del mundo.

Ya no es excusa el riesgo país, en el nivel histórico más bajo, tampoco la inestabilidad financiera, con reservas camino a los 53.000 millones de dólares.

Tampoco puede hablarse de un gobierno anticapitalista, ya que a pesar de que el discurso kirchnerista busque instalar otras aristas del "modelo", desde el 2003 a esta parte se acentuó la concentración económica y se benefició a grupos empresarios como los ligados a la minería, el juego, las finanzas y la energía, entre tantos otros.

A pesar de que la economía crece al ritmo del 9 por ciento anual, la desconfianza sigue siendo notoria: los ahorros que los argentinos tienen en cajas de seguridad o en el exterior ya suman 140.408 millones de dólares, de acuerdo con las estimaciones de la balanza de pagos elaborada por el INDEC.

De este total, y a pesar de la persistencia de la crisis europea y estadounidense, en los 9 primeros meses de 2010, casi 7.000 millones de dólares salieron fuera del sistema, divisas que fueron provistas por el fuerte excedente del comercio exterior.

En el 2005 los fondos fuera del sistema se estimaban en 100.000 millones de dólares.

Es decir, en el apogeo del ´modelo´ kirchnerista, la huida de capitales aumentó 40 por ciento.

Aún suponiendo que buena parte de esa decisión esté vinculada con la evasión tributaria, cada vez más sofisticada, parecen existir otros causantes de la desconfianza que sigue reinando en el mundo del dinero hacia la Argentina.

Parte de esa desconfianza aparece vinculada con los antecedentes de gobiernos fallidos y economías desordenadas que todavía permanecen en el genoma argentino.

Pero otro componente de ese talón de Aquiles del ser argentino empieza a emerger de renovados temores sobre el derecho de propiedad.

Los derechos de propiedad fueron vulnerados en forma vergonzante en el 2001, cuando el gobierno de Fernando de la Rúa confiscó los depósitos por decisión del ministro de Economía, Domingo Cavallo.

Fue un golpe demoledor y generó una desconfianza que ni siquiera muchos de los aciertos posteriores de Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández parecen haber logrado disipar.

El tema es motivo de análisis en encuentros empresarios del más alto nivel, y genera preocupación entre los sectores medios de la sociedad.

Las usurpaciones de terrenos en las últimas semanas, que tuvieron su punto más alto con la toma del Parque Indoamericano, y que siguen latentes -a tal punto que la Policía Metropolitana debió custodiar El Rosedal de Palermo durante Nochebuena y
Navidad por rumores de nuevas tomas- son un problema nuevo que aparece como correlato del déficit habitacional y de una política al menos poco clara en materia de migraciones.

La aparición de carteles con la leyenda "Ni gente sin casa, ni casa sin gente", en distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires, no hizo sino agigantar las preocupaciones de una población ya jaqueada por la inseguridad y la inflación.

¿Qué buscan instalar esos carteles? ¿Acaso abreva en algún sector político o social la idea de derrumbar de prepo el derecho de propiedad?

La convulsión social, habitual en la Argentina durante los diciembre de cada año, no debería subestimar que la lógica del conflicto social permanente que tuvo su punto más alto en el 2001, parece haber llegado para quedarse en el país.

Es uno de los problemas que más sobresalen en la vida pública desde que se desató la crisis de 2001.

Parece anidar en sectores políticos y sociales el convencimiento de que sólo la acción directa es eficiente para satisfacer las demandas sociales.

Así, las usurpaciones de tierras, más el reciente caos en Constitución que el gobierno nacional insiste en denunciar como "apadrinado" sin dar prueba alguna, tienen puntos en común con los cacerolazos urbanos, los cortes de ruta del campo, la
obstrucción del puente de Gualeguaychú, los piquetes permanentes en el centro, las tomas de colegios porteños, los bloqueos de camioneros a las empresas proveedoras de carga o el impedimento de la libre circulación de diarios y revistas.

En medio del caos, por más brillante que sea un modelo, es imposible construir políticas para pasar del crecimiento al desarrollo, se escuchó advertir en estos días a grupos empresarios vinculados con la industria y el comercio.

La imagen de un grupo piquetero incendiando las puertas del emblemático edificio de los ministerios de Salud y de Desarrollo Social en avenida Belgrano y 9 de Julio, contribuyeron a alentar los temores.

También causa malestar que cuanto grupo foquista pasa por las puertas de la Jefatura de Gobierno porteño se detenga en la juvenilia violenta de atacar su histórica fachada, como también lo hacen en el Cabildo y, si se los hubiese seguido dejando, en la Catedral.

¿Qué pasaría si el enorme vallado previsor que el kirchnerismo hizo ubicar sobre la Plaza de Mayo para mantener la protesta alejada de la Casa Rosada, no estuviese?

Tal vez por ello, desde la construcción, la banca, la industria, el comercio, el campo y la bolsa, salieron a aplaudir que Nación y Ciudad hubiesen llegado a un acuerdo que permitió desalojar el Parque Indoamericano.

En tiempos electorales como los que vienen, parece difícil lograr que ese tipo de consensos se transformen en moneda corriente.

Pero qué pasaría si ante cada protesta la clase política buscara soluciones alejadas de la especulación electoral y se uniera para evitar que el conflicto se transforme en un dolor de cabeza para la mayoría de la gente.

"Ganar la calle", "La Plaza es nuestra", "No pasarán", son frases que el propio kirchnerismo dejó crecer pero que ahora parecen haberse hecho carne en sectores marginales y de escaso respaldo político, aunque con capacidad de interrumpir la
circulación de trenes durante siete horas o cortar la avenida 9 de julio para exigir más planes sociales.

"Orden y progreso", sostiene en su lema la bandera de un Brasil que por estos días está despidiendo con honores a Lula Da Silva de la presidencia.

La frase es, para cierto progresismo vernáculo, mero fruto de la ideología conservadora.

Está inspirada en una declaración de Augusto Comte, uno de los padres del positivismo, cuya versión completa decía: "El amor por principio, el orden por base y el progreso por fin".

Son cada vez más los que consideran que debería ser tenida en cuenta por la clase política en estos días de furia, si la Argentina quiere convertirse en serio en un país desarrollado.