La subestimación de la inflación por parte del gobierno no constituye una novedad, ya que viene siendo una estrategia destinada a ocultar un problema que comenzó a evidenciarse a principios del 2007, y se utilizó como herramienta para menguar el
pago de intereses a los acreedores.

Pero cuando parecía que se habían agotado las vueltas de tuerca oficiales sobre este tema, el ministro Amado Boudou sorprendió a la opinión pública al hacer una lectura clasista del problema que más preocupa a la gente después de la inseguridad.

"La inflación no es un tema, porque afecta sólo a las clases altas y medias altas", enunció el jefe de Economía egresado de la ultraliberal Universidad CEMA.

La evaluación del funcionario tiene al menos dos puntos controversiales:
- Suponer que la inflación no afecta a los sectores populares, cuando toda la teoría económica sostiene exactamente lo contrario, como recordaron la mayoría de los especialistas.
- Admitir, si ese extraño razonamiento fuera cierto, que al gobierno no le importan los problemas de un importante sector de la sociedad -las clases media alta y alta-, justamente porque son aquellos de los cuales recibe menos votos.

Ante la andanada de críticas, el ministro ensayó algunas correcciones a su razonamiento, al intentar explicar que hablaba de los servicios, pero no cambió el argumento de fondo: la disparada del costo de vida no es un problema de los pobres.

La argumentación se da de bruces contra todos los relevamientos privados, como el que realiza ADELCO, según el cual en el último año los precios de la canasta básica se dispararon entre 30 y 40 por ciento.

Con menos pruritos sintácticos, el inamovible secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno explicó con claridad la utilidad política y económica de una inflación disimulada.

Fue cuando se lo invitó a dar una clase magistral en la cátedra de Administración del Estado, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

"Cada punto de inflación le cuesta al Estado 1.500 millones de dólares", dijo Moreno en esas aulas de la universidad pública. Más claro, imposible.

El tema ya había sido percibido por el fallecido ex presidente Néstor Kirchner y analizado a fondo en el seno del gobierno.

Cuando Roberto Lavagna convenció a Kirchner de proponer un titulo de deuda ajustado por coeficiente CER (casi lo mismo que la inflación) primero recibió un sonoro rechazo del entoncespresidente, hasta que finalmente se le dio un visto bueno a
regañadientes, para evitar un fracaso del primer canje de deuda.

A Kirchner, como luego a su esposa y sucesora Cristina Fermández, nunca le gustó ese título público, y el tiempo pareció darles la razón.

La intervención del INDEC, a principios del 2007, respondió al sostenimiento de una estrategia destinada a integrar a las estadísticas oficiales al plan de gobierno.

A partir de ese momento, los números del instituto de estadística dejaron de ser el termómetro que medía la temperatura socioeconómica de la Argentina, para transformarse en una política de propaganda más destinada a sostener políticamente el "modelo".

El problema no seria tan grave si sólo se tratara de una puja, o de una "trampa" en definitiva, que la Argentina vuelve a hacer en el concierto de los mercados financieros mundiales, porque al fin de cuentas de mentiras y simulaciones está teñido ese mundo, como quedó demostrado con la confiscación de depósitos que le
arruinaron la vida a mucha gente en el 2001.

La principal dificultad es que la manipulación grosera de la inflación impide al Estado resolver un problema que está erosionando los ingresos de millones de argentinos sumergidos en la pobreza, de los jubilados, los trabajadores en negro y quienes viven de un salario que sube por la escalera mientras los precios
se desplazan por ascensor.

Por este camino, y a pesar de la pujanza de su economía basada especialmente en el defenestrado pero útil enclave sojero, la Argentina podría profundizar un proceso de ajuste similar, o aún más salvaje, que el aplicado por gobiernos errantes como el de
Fernando de la Rúa y su equipo de "gurkas" del recorte fiscal.

La transferencia de ingresos desde los sectores más desprotegidos hacia los formadores de precios está en marcha desde hace tiempo, aunque se la quiera disimular con planes sociales o asignaciones universales.

La concentración del ingreso es ahora más sofisticada, gradual, difícil de cuantificar, disimulada y no vacila en provocar la pérdida de credibilidad por parte de un organismo alguna vez respetado como el INDEC.

Al fin de cuentas, en todas las batallas siempre se pierden algunos soldados.