Si los asesinos condenados a cadena perpetua salen en libertad luego de cumplir unos pocos años en la cárcel.

Y si la gente no puede salir a la calle en la mayoría de los barrios del conurbano cuando empieza a oscurecer, el petitorio presentado en la Plaza de Mayo, en mayor o menor medida, parece ganar consenso en una población preocupada por que será de sus hijos cuando salen a estudiar o a divertirse.

Urbanizar villas, combatir al narcotráfico, implementar el juicio por jurados y modificar el régimen de prescripción de causas penales, suenan bien a los oídos del sentido común.

El pedido de reducción de los límites de imputabilidad de los menores genera polémica si se lo piensa imaginando un Estado represor, que no debería existir en un régimen democrático.

Pero puede representar un golpe duro para las decenas de bandas que se aprovechan de que los menores de 16 años tienen un régimen especial para "enviarlos al muere" en la calle y que se conviertan en mano de obra barata del crimen organizado.

Si los menores que delinquen, como se propuso en la marcha, fuesen trasladados a centros de rehabilitación adecuados, la medida de bajar la edad de imputabilidad del delito, podría tener sentido.

Si sólo servirá para enviar a los chicos a compartir cárceles con delincuentes comunes y hacer un "posgrado del delito", su utilidad será nula.