La fallida estrategia gubernamental de ocultamiento sistemático de la inflación cayó esta semana en su punto más alto de fragilidad, cuando voces oficiales debieron admitir alzas en "algunos" productos y desde la propia tropa sonaron alertas sobre la disparada de precios.

El Gobierno prohibió a los funcionarios mencionar la palabra "inflación" en las entrevistas y sólo pueden apelar a la frase "tensión de precios".

La otra pata de esa estrategia es iniciar un proceso de "caza de brujas" sobre los formadores de precios, echándole la culpa de todo a los industriales y comerciantes, que tendría a la CGT como timón.

A esta altura la mayoría de los analistas considera un "error" haber dejado que Guillermo Moreno interviniera el INDEC e impusiera un régimen de estricto control sobre la variable más seguida por la gente, junto con la cotización del dólar, el IPC.

"Moreno le hizo un gran servicio a la Patria", se lo escucha decir a Néstor Kirchner ante los muy pocos interlocutores que aún siguen en el Gobierno y se animan a contradecirlo, porque los otros ya fueron eyectados de sus sillones.

"Moreno es mi mejor funcionario", suele repetir la presidenta Cristina Kirchner, encandilada por el estilo impetuoso del secretario, que hasta altura ya es un ministro sin cartera.

La estrategia de ocultamiento del alza de precios aplicada por el secretario le permitió a la Argentina ahorrarse miles de millones de dólares en el pago de intereses por los bonos de la deuda atados a la inflación.

También restó argumentos a los especuladores y creó cierto mundo artificial donde el alza del costo de vida no existía.

El problema es que restó toda credibilidad a las estadísticas oficiales y ahora nadie cree en la mayoría de los números que difunde el INDEC, lo cual dejó al país sin termómetro para medir la temperatura.

Pero el problema comenzó a ser más difícil de disimular desde el 2009, cuando en medio de la crisis apareció con claridad que ya con Moreno y sus "acuerdos de precios" no alcanzaba para domesticar al animal más salvaje que viene sufriendo la economía argentina en forma cíclica.

Por eso se encendieron voces de alarma ya no desde la oposición, sino también desde el propio kirchnerismo, como ocurrió con el líder de la CGT, Hugo Moyano, y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, entre otros.

El gremialista surgido de la Federación de Camioneros recibe a diario reclamos de los gremios por la escalada de precios, y hasta se permitió recordar que "cuando nuestras mujeres van a los supermercados se encuentran todos los días con remarcaciones".

"El escaso aumento de los recursos coparticipables y un índice de precios que colocó a la inflación como tema preocupante para los argentinos puso a las provincias en una situación delicada", advirtió, por su parte, Urtubey. En la misma línea se pronunció el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi.

También vienen alertando que la escalada de precios barre con los ingresos en el interior del país otros mandatarios, como los opositores Mario Das Neves (Chubut) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis).

El reciente encuentro de la presidenta Cristina Kirchner con gobernadores afines en Olivos no fue un lecho de rosas, y al menos tres mandatarios se animaron a alertar sobre los problemas con los precios, la pobreza y la inseguridad en sus respectivos distritos, tras reclamar más fondos coparticipables.

Santa Fe, Río Negro, Tierra del Fuego, San Luis y La Pampa informaron índices de precios de entre 2,3 y 4,4 por ciento en febrero, mientras el INDEC dijo que en Capital y el conurbano fue de sólo 1,2. Algo no cierra.

Los mandatarios temen que debajo de sus sillones se estén formando polvorines que estallen cuando se combinen los problemas para pagarles a los empleados públicos con la erosión sobre los sectores más postergados que está haciendo la inflación.

En la Casa Rosada ya barajan la idea de aumentar la asignación por hijo de 180 pesos, tal vez a 300, para tratar de paliar esta situación, pero las soluciones de fondo no aparecen.

Según el ex presidente del Banco Central Aldo Pignanelli, los datos del primer trimestre combinados con variables macroeconómicas de reactivación del Producto al 4 por ciento, permiten esperar una inflación cercana al 30 por ciento para este
2010.

Coincidencia, o no tanto, es el reclamo de aumento salarial que vienen realizado los gremios más poderosos.

Por caso, los estibadores del Puerto de Rosario, el lugar por donde pasan la mayoría de las exportaciones de cereales de la Argentina, obtuvieron un incremento del 27 por ciento en una durísima negociación que incluyó la participación de los ministros
Amado Boudou, Julián Domínguez, Carlos Tomada, Julio De Vido y el propio Moreno, ayudados por Moyano.

En un intento por buscar culpables, Boudou y el ministro Florencio Randazzo responsabilizaron a industriales y comerciantes por el alza de precios.

Desde el sector privado la respuesta fue contundente: hay que recrear la confianza para que aumente la inversión y así haya un incremento de la oferta de bienes y servicios.

"Necesitamos confianza y seguridad jurídica", repiten a diario quienes toman decisiones de negocios en la Argentina.

Pero ni el Gobierno ni los empresarios parecen tener claro cuáles son los planetas que deberían alinearse para que ese reclamo se cumpla.

Los países que brindan confianza a sus inversores (Brasil, Chile, Uruguay y Perú, por ejemplo) han necesitado aplicar políticas de Estado con el mismo rumbo durante períodos prolongados para que el capital privado llegara a sus costas.

Pero sobre todo construyeron previbilidad a través del diálogo y de entender que el enfrentamiento y la crispación constante son inconducentes para pasar del crecimiento al desarrollo.

La Argentina se encamina a dar una señal positiva a los mercados con un canje de deuda que algunos ya se animan a ubicar cerca del 80 por ciento de aceptación, y cuyas variable clave, la oferta económica definitiva, se conocerá el 14 de abril.

¿Alcanzará?