La presidenta Cristina Kirchner machaca con que si hay algo que nunca hará será aplicar un "ajuste" como lo hizo en forma desprolija y a los ponchazos el olvidable desgobierno de Fernando de la Rúa.

Pero lo que no admite el Poder Ejecutivo es que el ajuste en la Argentina ya se viene implementando desde el mismo día en que decidió intervenir el INDEC y manipular la inflación.

Alimentos, bebidas, productos de limpieza, medicamentos, expensas, alquileres y cuanto rubro se repase con honestidad y sin intentar tapar el sol con un harnero, aumentaron a un ritmo del 20 por ciento promedio en los últimos dos años.

Las consultoras privadas -como Economía & Regiones, Buenos Aires City (de la ex directora del IPC en el INDEC Graciela Bevacqua) y Equis-, que no tienen el poder de fuego del INDEC para relevar datos pero sí despiertan mayor confianza entre quienes toman decisiones de negocios, advierten que, a este paso, la inflación del 2010 orillará el 30 por ciento.

Con esos niveles de inflación, no hace falta que la Presidenta anuncie "ajuste" alguno, porque la medida se aplica día a día.

El temido "ajuste", concretado en este caso a través de una transferencia de ingresos desde los sectores más postergados hacia los productores de bienes y servicios, se mete por la ventana de cada hogar como un enemigo silencioso pero doloroso para el bolsillo.

También licúa los magros planes sociales que suele publicitar con énfasis esta administración y que a esta altura no son más que pobres paliativos para sectores cada vez más empobrecidos.

Ya no se trata de sucesivos ajustes anunciados en los defenestrados 90: ahora parece haberse ingresado en una etapa más sofisticada de reacomodamiento de precios relativos de la economía, donde la transferencia de ingresos se aplica con similar
eficacia, pero en forma silenciosa y discreta.

Ante este escenario, la discusión por el uso de reservas, los intrascendentes debates jurídicos en los que se enfrascaron los legisladores o la decisión del kirchnerismo de impedir que se sesione en el Senado, aparecen como temas menores.

También lo es el arranque desprolijo de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central, para apurarse en echar mano de las reservas porque, según el Gobierno, hará un gran negocio pagando con con esos fondos la deuda.

Un régimen de alta inflación es incompatible con los objetivos de reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso pregonados con afán por el gobierno.

Para los analistas económicos, a este ritmo inflacionario, el "fifty-fifty" que Néstor Kirchner anunció al revelar que pretende quedarse en el poder hasta el 2020, aparece como una meta cada vez más lejana.