En un camino sin retorno, el Gobierno profundizó la purga en esferas económicas iniciada en 2007, con una arremetida final destinada a manejar con mano de hierro ya no sólo las estadísticas del INDEC, los aportes de los jubilados y todo fondo que ande suelto por ahí, sino también los últimos bastiones de independencia que podrían quedar, como lo demuestra la feroz embestida para echar a Martín Redrado del Banco Central.

Ya inmerso en una batahola judicial de proporciones -porque Martín Redrado recibió un primer fallo favorable para quedarse en su puesto- el avance sobre el BCRA para asumir el control de sus 48.000 millones de dólares en reservas y usarlas
para pagar deuda, o para lo que haga falta, refleja la intención del kirchnerismo de apelar al extremismo económico con tal de cumplir sus fines, aún no muy claros, para sostener el `modelo`.

El camino comenzó en el 2007, ya con la presidenta Cristina Kirchner instalada en la Casa Rosada, cuando la inflación comenzó a irse de las manos y Néstor Kirchner le ordenó a Guillermo Moreno intervenir el INDEC.

A partir de allí, toda cifra emanada del organismo se convirtió en sospechosa, hasta que las cifras oficiales se tornaron prescindibles para los principales agentes económicos, que debieron apelar a datos privados para adoptar decisiones.

La ofensiva sobre la economía no terminó allí, ya que a esa decisión se sumó el intento de echar mano de más retenciones, a través de la controvertida resolución 125, que terminó siendo la primera derrota política de envergadura del Gobierno, por el "voto no positivo" de desempate del vicepresidente Julio Cobos.

Pero la intervención más pronunciada en la economía se produjo cuando, de un día para el otro, el Estado se apropió de casi 100.000 millones de pesos de los fondos de los jubilados depositados en las AFJP, transferidos a la ANSeS y que luego fueron utilizados a discreción para afrontar distintos gastos, en especial los de la campaña electoral de la legislativa del 28 de junio último, que le fue esquiva al kirchnerismo.

El sesgo intervencionista del Gobierno no se agotó allí, ya que gracias a la movida sobre los fondos jubilatorios del Estado argentino se convirtió, de un día para el otro, en accionista de unas 40 empresas, en algunas de las cuales amagó con intervenir
sobre su negocio.

Una de las últimas avanzadas del oficialismo sobre el sector privado se produjo en el principal fabricante de papel para diarios del país, Papel Prensa, y que derivó en el pedido de renuncia al titular de la Comisión Nacional Valores, Eduardo Hecker, quien se debió ir ante la insoportable presión de Guillermo Moreno.

La jugada de las últimas horas traspasó todos los límites, a criterio de los partidos de oposición, constitucionalistas y distintos referentes empresarios, porque por primera vez la presidenta Cristina Kirchner adoptó una decisión por decreto que
le deja un costado vulnerable en caso de existir consenso suficiente para un intento de juicio político, como explicó el constitucionalista Féliz Loñ.

Al remover a Redrado del Banco Central, sin esperar a una consulta con la Comisión Bicameral del Congreso, la Casa Rosada se expone a un duro cuestionamiento judicial, de imprevisibles consecuencias.

La pregunta que se hacen muchos observadores es cuál es la razón por la que el gobierno no pudo esperar siquiera algunas semanas para contar con las reservas cumpliendo los pasos legales, y así evitar que la mayor institucionalidad prometida por Cristina en la campaña cayera en un definitivo saco roto.

¿Si el Fondo del Bicentenario dice que las reservas eran para garantizar el pago, y no necesariamente para cancelar la deuda, de dónde provino el apuro por tomar por asalto el BCRA?

La explicación tal vez se encuentre en las proyecciones que el ministro Amado Boudou parece haber realizado a fines del año pasado, y que habrían arrojado una posibilidad de que la Argentina se encontrara en riesgo de default en algún momento del 2010, el Año del Bicentenario patrio.

Volver a deshonrar un compromiso era un `lujo` que un país incumplidor crónico como la Argentina no se podía permitir, y menos ante la inminente reapertura del canje de deuda, lo cual tal vez explique las urgencias por tomar el control del Banco Central.

Para ello, Cristina contó con la colaboración de Miguel Pesce, un funcionario surgido en el radicalismo que jugó un rol clave en esta historia al aceptar ponerle la firma a una transferencia de 6.570 millones de dólares que a futuro hasta lo puede complicar en los estrados judiciales.

Pesce le brindó un gran "servicio" al kirchnerismo, que a futuro seguramente será recompensado políticamente, y de paso hizo el `trabajo sucio` que Mario Blejer, un economista de prestigio internacional, pareció no dispuesto a hacer.

Blejer retornará la semana próxima de Francia, donde pasó sus vacaciones, y la ambición de Boudou es que asuma lo más rápido posible al frente de un Banco Central en el cual deberá trabajar, y mucho, para devolverle alguna credibilidad.