La Argentina inició un trabajoso camino destinado a remontar las profundidades de la desconfianza en las que desbarrancó a fines del 2001.

En aquellos días aciagos, el país declaró el default más grande de la historia y quedó incluido en la lista negra de las naciones que incumplen sus compromisos soberanos.

Revertir esa imagen, aún vigente, es el principal objetivo del ministro de Economía, Amado Boudou, quien con aval presidencial ha emprendido, junto al titular del Banco Central, Martín Redrado, tal vez la operación más importante que realiza la Argentina ante la comunidad financiera internacional desde el canje de deuda piloteado en su momento por Roberto Lavagna.

Para el mundo de los negocios -sacudido apenas un año atrás por la debacle de un sistema financiero corrupto-, la Argentina es un país que incumple sus compromisos y donde hacer inversiones puede convertirse en un dolor de cabeza.

Eso explica que 47.000 millones de dólares se hayan fugado de la Argentina en los últimos dos años.

Parte de la visión que los inversores tienen sobre la Argentina la desnudó, con ese estilo descarnado que le dio su pasado como guerrillero tupamaro, el candidato presidencial del Frente Amplio, José Mujica, alguien que durante la dictadura sufrida por su país padeció cárcel y torturas, y no terminó enriquecido, como sí ocurrió con otros `dirigentes` políticos sudamericanos.

Mujica dijo que los inversores van a Uruguay porque en ese país "no se piden cometas -coimas- ni se cambian las leyes a cada rato", y porque "hay relaciones laborales serias".

Lo dijo, por si caben dudas, comparando la situación de su país con otras naciones como la Argentina, que tiene una larga trayectoria de incumplimiento de reglas de juego, expropiaciones e irregularidades varias.

La propia retroactividad de la polémica ley de Medios que el Senado convertiría en ley el viernes próximo tiene un serio viso de inconstitucionalidad, porque obligará a numerosas empresas a desprenderse de prepo de activos, algunos contantes y sonantes, y
muchos intangibles como las marcas que se han construido a lo largo del trabajo de años, lo que preanuncia otra batalla judicial que deberá definir la Corte Suprema de Justicia.

Revertir esa imagen negativa es entonces una asignatura pendiente para la presidenta Cristina Kirchner.

En esa línea se inscribe el viraje hacia el FMI, apenas tres años después de que el país decidió darle la espalda al organismo multilateral, y que representa sólo el primer escalón de un proceso de largo aliento, cuyo objetivo final es volver a ingresar en los mercados voluntarios de deuda.

Para ello, el país deberá cumplir con varios requisitos, que comienzan con un monitoreo `light` del Fondo y debería concluir, especulan en Olivos, con una nueva propuesta a los bonistas en default, previo acuerdo con el Club de París.

Con un mundo que comienza a salir de la recesión más profunda desde la Segunda Guerra Mundial, la Argentina necesita aprovechar al máximo su potencialidad para formar parte del rebote económico.

Pero hasta qué punto la supervisión acordada con el FMI en el marco de la cumbre del G-20 será tan suave como pretende instalar el gobierno kirchnerista.

El ultraliberal José Luis Espert tiene una lectura distinta: considera que el Gobierno argentino debió rendirse ante el Fondo luego de la última reunión del G-20 y advirtió que el acuerdo firmado por Cristina en esa Cumbre le otorgó facultades para estar al frente de un programa económico por los próximos cinco años.

"Al Gobierno le salió el tiro por la culata porque hablaba de tener una revisión acotada y ahora el FMI se le metió con cama adentro para hacer política económica. Y no le queda otra", sostuvo el economista.

La necesidad tiene cara de hereje y el gobierno argentino parece haberlo entendido: la política de seguir echando mano de los fondos de los jubilados, sacándole plata a la ANSeS, puede llevar a la quiebra del sistema previsional y a una crisis social
sin precedentes en pocos años.

Las cuentas públicas de la Argentina están en rojo y, si se suma el desequilibrio de las provincias, el déficit fiscal se dispara hacia los 30.000 millones de pesos anuales.

Uno de los dolores de cabeza más fuertes lo tiene Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, donde el déficit fiscal escala hacia los 5.000 millones de pesos anuales.

Esto obligó a Scioli a impulsar un "impuestazo" que le permitiría recaudar unos 1.500 millones de pesos adicionales por año, pero que le representará un costo político de consecuencias aún imprevisibles.

También puede tener un impacto enorme sobre la credibilidad la posibilidad de que el gobierno de Daniel Scioli, que la semana próxima renunciará al desquicio de la candidatura testimonial en la que quedó entrampado por Néstor Kirchner, en lo que fue otro ejemplo del tibio respeto por las instituciones existente en la Argentina.

La `madre de todas las batallas`

Para muchos analistas y observadores, la ley de Medios es la `madre de todas las batallas` para el kirchnerismo.

Tal vez así sea, pero en el horizonte del ministro Boudou, del jefe del BCRA Martín Redrado y de otros dirigentes que quieren empezar a pensar en una Argentina más seria, se le asigna importancia crucial a la estrategia para que la Argentina salga
definitivamente del default y empiece a parecerse más al Brasil de Lula que a la imprevisible Venezuela de Hugo Chávez.

La bonos en default suman unos 23.900 millones de dólares en manos de bonistas y fondos buitre que en 2005 decidieron no adherir al canje que les propuso en ese momento Néstor Kirchner.

Desde el punto de vista técnico la propuesta la encabezan tres bancos internacionales (Barclays, Deutsche y Citi) y tiene origen en una presentación que el fondo Gramercy le acercó a Juan Carlos Mazzón -operador todo terreno de Kirchner-, por la cual le
ofrecería a los bonistas condiciones similares a la original con la diferencia que los intereses que se acumularon se los pagarían en bonos.

Los tenedores de títulos traerían sus bonos defaulteados y el Gobierno les daría bonos de descuento en dólares.

Sería cambiar bonos semi muertos por otros vivos que pueden ser negociados.

Además, los bancos agentes ofrecerían unos 1.000 millones de dólares en efectivo a cambio de un bono del Gobierno que se emitiría bajo cláusulas de tribunales del exterior.

La operación empieza a adquirir un tono serio pero en esta Argentina, donde una orden emanada de Olivos puede tirar abajo las mejores intenciones, siempre se vive con el corazón en la boca.

Y así será hasta que el poder político entienda que las supuestas `grandes jugadas` con las que se destapan a veces dirigentes supuestamente iluminados, como Kirchner y sus candidaturas testimoniales, sólo sirven la mayoría de las veces para dinamitar la escasa credibilidad que todavía la queda al país ante la comunidad internacional.