Más allá del resultado electoral aún incierto, el Gobierno está decidido a mantener el rumbo económico tras las legislativas del 28-J, y buscaría incluso avanzar en cuestiones de peso pendientes, como la normalización de la deuda con el Club de París por unos 6.500 millones de dólares y otra por 25.000 millones de bonos en default.

La principal duda es si el kirchnerismo avanzará en su estrategia de estatización, o si sólo se limitará a acudir como bombero cada vez que una empresa cierre o se produzcan despidos.

La propia cartera laboral admite que ya hubo 70 mil cesantías en el año por la crisis, pero fuentes privadas y la CTA advierten que si se suman los trabajadores en negro llegan al doble.

A pesar de que baten el parche de que en estas elecciones se juega el futuro del modelo, no existe esa percepción íntima en el matrimonio presidencial, una sociedad política que sólo busca en estos comicios obtener el mayor grado posible de legitimidad para poder encarar sin sobresaltos los largos dos años y medio que
queden de gestión.

Cuando Kirchner brama desde el atril sobre el riesgo de que el modelo sea puesto en tela de juicio por un revés electoral, en realidad está apuntando a garantizar la renovación de la mayor cantidad de bancas en el Congreso con el fin de que no le pongan palos en la rueda a su esposa en lo que le queda de mandato.

Por eso, los inversores y hombres de negocios se preparan para más de lo mismo tras las elecciones, lo cual no necesariamente los tranquiliza, sino en muchos casos todo lo contrario.

El mayor intervencionismo económico, la sensación de que todo vale en materia de estadísticas, las obras públicas digitadas hacia sectores amigos del poder, el impulso de una supuesta burguesía nacional sometida a los designios de la Casa Rosada y una concentración total de la caja del Estado que deja casi fuera de juego el concepto de federalismo, continuarán.

En cambio, emerge con más probabilidades un cambio en algunos protagonistas del equipo económico, en una lógica que el matrimonio Kirchner ya aplicó en Santa Cruz y también desde que está al frente del poder en la Argentina.

Tras las elecciones de 2005, en las que fortaleció su poder, Kirchner echó a Roberto Lavagna del Ministerio de Economía, en una jugada casi calcada a la que habían protagonizado una década antes Carlos Menem y Domingo Cavallo.

En materia económica, Kirchner y su esposa presidenta tienen internalizado el mismo concepto: "Manejar la caja es tener el verdadero poder", instruyen a sus funcionarios.

Por ello, es de esperar que tal vez algunos hombres que demostraron lealtad a toda prueba en esta etapa, pero también un perfil todo terreno sin temor a los micrófonos, avancen algunos casilleros en el universo de poder kirchnerista.

Un caso que se sigue con atención es el de Amado Boudou, el jefe de la ANSeS, ejecutor de la estatización del régimen jubilatorio, promotor de los créditos hipotecarios y estrella ascendente en el universo kirchnerista, quien podría recalar en el Ministerio de Economía.

Quienes vaticinan ese destino para Boudou recuerdan que en casi todos los actos Kirchner viene destacando a la nacionalización de las jubilaciones como la medida más "valiente" tomada por su esposa.

El Gobierno espera, además, la potenciación del conflicto con el sector agropecuario, porque habrá una ratificación de la política para el sector y se aprovechará que la dirigencia del campo aparece cada vez más dividida, en especial la Federación
Agraria, donde Eduardo Buzzi y Alfredo De Angeli iniciaron un divorcio que no tendría retorno.

En cuanto al dólar, la Casa Rosada apostaría a no hacer olas y dejar que la divisa se vaya apreciando centavo a centavo, casi entre bambalinas, como lo ha hecho en los últimos doce meses, cuando el peso se devaluó 30 por ciento pero para muchos pasó
desapercibido.

El gran problema que el "modelo" no pudo resolver, por más que se manipulen las estadísticas, está vinculado con la situación social, que se deterioró de la mano de los aumentos de precios.

Tampoco supo lograr que el mundo confíe en este "modelo", porque la Argentina casi no recibe inversión privada y los fondos que llegan de organismos multilaterales tienen destinos específicos, como las obras de saneamiento.

Pero el problema de la pobreza es el dato que más preocupa a los funcionarios.

De acuerdo con un relevamiento realizado por SEL Consultores, en el área metropolitana (Capital Federal y Gran Buenos Aires) hay 4 millones de personas que viven en la pobreza.

De ellas, 1,2 millones son indigentes, es decir que no tienen ingresos siquiera para los alimentos más básicos.

Se trata del 31,2% y del 9,7%, respectivamente, del total de habitantes de la región, aunque la realidad es muy diferente según qué parte del mapa se observe: los índices son mucho más elevados en el conurbano (36,8 y 11,8%) que en la Capital (13,9 y 3,1%) y tienden a agravarse cuanto más lejos vaya quedando la General Paz.

En el cordón urbano más distante, la pobreza trepa al 49,1% y la indigencia, al 17,2.

Este comportamiento sigue engrosando el núcleo duro de la pobreza que parece muy difícil de revertir, sea cual fuere el modelo que se aplique.

Como paradoja, las zonas más pobres del conurbano, el segundo y el tercer cordón, de histórica raigambre peronista, es donde el gobierno tiene la expectativa de sacar entre el 40 y el 50 por ciento de los votos, el nivel más alto de la provincia.

Para reforzar esa adhesión, hacia allí se enfocaron 9 de cada 10 obras públicas anunciadas por la Presidenta en los últimos meses.