Por primera vez tras la debacle del 2001, un gobierno argentino deberá administrar el país con viento de frente, por una serie de eventos desafortunados que ya comenzaron a enfriar la economía.

El proceso de desaceleración arrancó con tibieza en marzo último, cuando se inició el conflicto con el campo, y demoró un trimestre en notarse en los indicadores económicos e impactar de lleno en la economía real, al lastimar la cadena de pagos y provocar que la gente empiece a consumir menos en servicios no esenciales.

El enfriamiento se agravó por el descalabro financiero internacional, donde la quiebra de bancos y los despidos generalizados en los Estados Unidos comenzaron a correr por el mundo como reguero de pólvora.

La profundización del fenómeno comenzó a notarse con fuerza hace algunas semanas, con una feroz caída en la cotización de los commodities, en especial la soja, estrella de las exportaciones argentinas y sostén de este modelo económico, cuyo precio se
desbarrancó 40 por ciento desde junio.

El ingreso de la multimillonaria producción sojera de los Estados Unidos en el mercado, combinado con la caída de la demanda norteamericana de productos manufacturados en los países asiáticos, principales compradores de la Argentina, explican parte del fenómeno.

Las fábricas de autopartes alertaron que estudian suspender a 1.100 trabajadores, las ventas de autos usados experimentaron la peor caída de los últimos cinco años y la utilización del servicio de taxi cayó 40 por ciento.

También existe un parate en la construcción, que comenzó a resentir la demanda de insumos clave, como el acero.

A esto se suma que los cheques rechazados se dispararon a la estratósfera en septiembre, con un aumento del 188 por ciento, según Fidelitas, y reflejan con claridad los problemas severos en la cadena de pagos.

Ahora, la situación podría terminar de complicarse ante la desorbitada decisión de la dirigencia agropecuaria de apurar un paro cuando había tendidos canales de diálogo con el Gobierno nacional, que hasta ahora había mostrado más voluntarismo que hechos concretos, pero al menos parecía tratar de encaminar la delicada situación del campo.

También por un nuevo error de cálculo de la Casa Rosada, que volvió a hacerle caso a un Néstor Kirchner duro entre los duros, quien parece estar al frente de la estrategia agropecuaria del Gobierno, a través del titular de la ONCCA, Ricardo Echegaray, un
funcionario con perfil más alto que el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi.

Kirchner nunca le perdonó el campo el prolongado conflicto de la primera mitad del año, y mucho menos que le haya propinado la primera derrota desde que está en el poder, cuando festejó el "voto no positivo" del vicepresidente Julios Cobos en aquella
madrugada de llanto y bronca para el gobierno.

En los albores de aquel 17 de julio, el matrimonio presidencial masticaba bronca y Néstor llegó a sugerirle a su esposa abandonar el gobierno, lo cual fue rechazado de plano por la Presidenta y su círculo íntimo.

Hasta hubo un llamado preocupado del presidente del Brasil, Lula Da Silva, por los rumores que le llegaban desde la residencia de Olivos.

Ni tanto ni tan poco. Perder una votación en el Senado, que luego hasta terminó siendo favorable a las arcas del Estado ante el nuevo escenario de caída en el precio de la soja, no parecía un escenario para dramatizar.

Lo que sí puede convertirse en un drama es que el gobierno y la dirigencia agropecuaria no entiendan que con el conflicto permanente en la Argentina pierden todos, porque el país sigue perdiendo mercados que luego tardará años en recuperar.

El ex ministro de Agricultura y actual senador uruguayo, José Mujica, lo explicó con claridad con su verba despojada de diplomacia y palabras rebuscadas, en su visita de esta semana a la Argentina.

"Cómo vamos a pelear con el campo si es la base de nuestro país", respondió el ex guerrillero tupamaro cuando le consultaron cómo manejaba Uruguay los conflictos con el sector agropecuario.

Tal vez por esa razón Uruguay haya comenzado a quedarse con mercados cárnicos que la Argentina perdió en el marco de un conflicto sin sentido.

Plan B

Mientras esto ocurre, fuertes versiones señalan que la presidenta prepara un Plan B por si el panorama se termina de complicar.

Esa iniciativa aún en pañales buscaría enfrentar el temblor de los mercados financieros y los problemas internos que la agudizan.

Ese conjunto de decisiones incluiría medidas para cuidar la caja y mantener el superávit fiscal como mínimo en 3,3 por ciento del Producto Bruto.

En caso de que continúe la caída de los precios internacionales de los cereales y la menor actividad, Cristina estaría decidida a ajustar el gasto público en idéntica incidencia para mantener el superávit fiscal.

Para ello, se profundizaría el aumento selectivo de tarifas para bajar subsidios.

Para no herir de muerte el consumo, la Presidenta estudiaría la posibilidad de aplicar un aumento adicional de las jubilaciones en noviembre de entre el 8 y el 10 por ciento, mientras que en diciembre se propiciaría el pago de una suma fija para todos los trabajadores, de unos 500 pesos.

Mientras tanto, se continuará con la apertura del canje de la deuda porque la operación garantiza fondos frescos para cerrar las necesidades de financiamiento, aunque la cancelación de la deuda con el Club de París podría demorarse para el 2009 mientras se negocia con los países acreedores.