El Gobierno volvió a apelar a su instrumento de política económica preferido, las retenciones agropecuarias, para tratar de frenar el alza de precios internos y, de paso, hacerse de unos pesos más para robustecer la caja.

La medida representa un nuevo cambio en las reglas de juego para uno de los sectores de mayor crecimiento de la economía, por la elevada cotización de los commodities agropecuarios, aunque esta vez con la promesa de fijar reglas de juego claras para los
próximos cuatro años.

El sistema de retenciones móviles permitirá responder en forma automática a las variaciones internacionales en los precios de los commodities, y fijará un nivel más alto de retenciones cuanto mayor sea el valor del producto involucrado.

Por la situación del mercado internacional, esta vez la suba de retenciones, de entre 7 y 8 puntos, le toca a la soja y al girasol, mientras que se reducen, pero mucho menos (apenas 1 punto) para el trigo y el maíz.

La ecuación, en esta oportunidad, representará ingresos extra para el Fisco por unos 1.000 millones de dólares.

Pero desde el Gobierno garantizan que la medida no busca recaudar más por las retenciones, y explican que en cuanto cambien las condiciones internacionales los ingresos por derechos de exportación podrían caer y compensar la ecuación fiscal.

En cambio, desde algunas entidades agropecuarias sospechan que se trata de una nueva medida tendiente a quitarles parte de su renta, y por ello podrían amagar con un paro, que sería el primero del gobierno de Cristina Kirchner.

La reacción del mercado ante la medida no se hizo esperar y cayeron con fuerza los precios de los granos y aceites en la Bolsa de Cereales de Rosario.

Habrá que esperar para ver si esa caída se refleja en los precios que paga la gente, que sería uno de los objetivos buscados por el gobierno nacional.

Por ahora, los anuncios corren el riesgo de tensar un poco más la cuerda entre el gobierno y algunos sectores del agro.